13/06/2024 | Infobae | Por Jhoan Pardo

El Ministerio de Hacienda anunció una reducción de 5,6% en cada cartera ministerial debido a la caída del recaudo tributario afectando varios proyectos previstos para 2024

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó el recorte que se ordenó a todas las entidades del Estado – crédito Colprensa

El país se mantiene a la expectativa de conocer cómo quedarán consolidados los recortes en las 18 carteras del Gobierno nacional después de que se anunciara la reducción $20 billones en el Presupuesto General de la Nación como medida para enfrentar el déficit fiscal derivado de la caída en el recaudo tributario.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, instruyó a todas las entidades del Gobierno a realizar los ajustes necesarios. “A las entidades se les dijo el recorte corresponde al 5.6% del presupuesto de funcionamiento e inversión financiado con recursos nación, es decir, queda por fuera los recursos propios de las entidades”, explicó el ministro de Transporte, William Camargo.

Sin embargo, desde ya se hacen las predicciones del duro impacto que tendrán en los ministerios, siendo el de Educación y Salud los más afectados por la medida nacional tras la notable disminución en el recaudo tributario que ha provocado problemas de liquidez para el Estado.

Los sectores de educación, salud y defensa, que son los rubros con mayores recursos asignados dentro del PGN, se verán particularmente afectados. La educación, que cuenta con un presupuesto de 70.4 billones, sufriría una reducción de 3.9 billones. Por su parte, la cartera de salud perdería 3.4 billones de su total de 61.5 billones, y defensa restaría 3.1 billones de sus 55.2 billones.

Sin embargo, en las últimas horas se creó una polémica por el supuesto retiro de recursos a los vehículos del Ejército Nacional, pues se afirmó que no se entregarían al menos 14.000 millones de pesos para abastecer combustible del parque automotor oficial.

Aunque en la mañana de este jueves 13 de junio, el Ministerio de Defensa desmintió los rumores, asegurando que el recorte presupuestal a la cartera “no incluyen reducciones en los rubros destinados a la compra de combustible”.

Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda se aclaró que el ajuste será general, especialmente sobre los proyectos que aún no cuentan con certificados de recursos, lo cual significa que ciertas iniciativas previstas para 2024 se verán afectadas.

En todo caso, se estima que para el segundo semestre de 2024 se vean fuertemente afectadas las iniciativas en materia de educación y salud, especialmente en las regiones, pues gran parte de los proyectos de las gobernaciones y alcaldías están subsidiadas por los Ministerios que hoy sufren la reducción.

“Afecta mucho debido a que nosotros hemos visto un poco ritmo de ejecución parte del Gobierno nacional. Las juntas de acción y los municipios han estado pendientes de que les hagan las cofinanciaciones para construir”, señaló Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, en diálogo con Teleantioquia.

A pesar de la reducción, el recorte no impactará los contratos ya en proceso. “Mientras se evalúa por dónde se hará el ajuste, el Ministerio de Hacienda suspendió las partidas presupuestales que tengan que ver con CDP no expedidos para garantizar el control del gasto”, explicó Bonilla a La República.

El ajuste fiscal también incluyó un llamado urgente al Congreso para que se apruebe una ley que aumente el cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Parte de estos recursos serán utilizados para cumplir con las obligaciones de deuda pública, que han incrementado significativamente en los últimos años.

Por su parte, el presidente de Anif, José Ignacio López, aplaudió la decisión del Gobierno, destacando la importancia de proteger los proyectos sociales prioritarios y mejorar el clima de inversión: “Sincerar las cuentas fiscales le dará tranquilidad a los mercados. Este recorte tendrá que buscar no afectar los proyectos sociales más prioritarios”. Además, López señaló la necesidad de mantener una actividad económica robusta para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también opinó sobre el ajuste, destacando la necesidad de proteger el gasto público que tiene mayor impacto sobre el empleo. “Es importante que el Gobierno presente y tramite la ley para el arbitraje de litigios tributarios, que pueden compensar en parte los bajos recaudos”, afirmó Ocampo.

Los analistas coinciden en que esta medida es necesaria debido a la caída de la inversión registrada durante el año y las proyecciones futuras. Sin embargo, las entidades afectadas debían entregar un informe detallado de los recortes antes del miércoles 12 de junio, tal como se les solicitó.