El mismo juez que desestimó citación al expresidente Donald Trump por el asalto del Capitolio, decidirá si avanza la demanda de hijas de magistrado asesinado en el Palacio de Justicia contra Plazas Vega.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega cumple 80 años la semana entrante. Para refrescar la memoria de los colombianos y presentarlo ante las nuevas generaciones debo decir que él era el comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, la guarnición encargada de recuperar el Palacio de Justicia en 1985 cuando fue criminalmente tomado por la entonces guerrilla del M-19.
Para desgracias de la justicia, de las víctimas civiles y del país, la retoma militar resultó tan criminal como el asalto guerrillero o quizás más. 101 personas murieron. Hubo torturas a civiles, capturas no judicializadas y 12 denuncias por desapariciones. El coronel Plazas Vega, que no fue el único, ni el más alto oficial involucrado en estos hechos, se volvió la figura más emblemática por la acción de los vehículos de ataque: los llamados tanques Cascabel y Urutú que dispararon contra el Palacio, entraron rompiendo la puerta principal y doblegaron a los asaltantes. La acción de recuperación era legítima pero no así. Las sentencias de los organismos internacionales determinaron que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares y un ataque indiscriminado que terminó matando a civiles incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época, el doctor Alfonso Reyes Echandía, y a diez magistrados más titulares del Consejo de Estado y de la Corte Suprema.
Ese día teniendo al fondo el fuego cruzado en el templo de la justicia, el periodista Edgar Téllez le preguntó al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien lucía casco y uniforme de fatiga, cuáles órdenes había recibido para la operación. La respuesta de Plazas Vega pasó a la historia y lo convirtió en una celebridad: “Defender la democracia, maestro”. 39 años después de esos hechos. El fantasma del Palacio de Justicia sigue persiguiendo al octogenario coronel.
El magistrado Carlos Horacio Urán, auxiliar del Consejo de Estado, salió vivo de la edificación —como lo comprueba un video publicado por un equipo de investigación de Noticias Uno que honrosamente dirigí—, lo grave es que su cuerpo con señales de tortura, fue devuelto secretamente a las ruinas del Palacio de Justicia. De su asesinato hay pruebas de sobra. En las bóvedas del Cantón Norte, la entonces fiscal Ángela María Buitrago encontró un listado de “Guerrilleros del M-19 dados de baja en el Palacio de Justicia”. Allí, al lado de reales guerrilleros, aparecían los nombres de tres funcionarios judiciales entre ellos el del magistrado Carlos Horacio Urán. También encontraron escondida entre los archivos militares, la billetera del magistrado asesinado. Las autopsias —porque fueron varias, ya que el cuerpo del magistrado Urán fue exhumado años después— determinaron que fue muerto con un tiro de gracia, no de fusil sino de pistola disparado a quemarropa y que sufrió horribles torturas antes de su ilegal ejecución.
Por los hechos del Palacio de Justicia el coronel Plazas Vega fue condenado en primera instancia y pasó ocho años en la cárcel. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y poco después de esa sentencia decidió establecerse en Weston, Florida, con su esposa doña Tania Vega, hija del general Miguel Vega Uribe, quien por cierto era el ministro de la Defensa Nacional para los días de la toma y la contratoma del Palacio de Justicia. Doña Tania Vega fue senadora por el partido Centro Democrático.
El proceso que afronta Plazas nace de una denuncia civil interpuesta por tres hijas del asesinado magistrado Carlos Horacio Urán: Mairée, Xiomara y Helena Urán Bidegain, quien además representa a su padre. La defensa del coronel Plazas Vega está invocado la causal de “Forum non conveniens” para que el caso sea desestimado. Argumenta que la justicia de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre hechos ocurridos en Colombia y que el país donde se presentaron estos lamentables sucesos debe ser la sede del proceso. Dice además que en Colombia existen los medios para que se haga justicia en el caso de las hermanas Urán y que ellas tienen que demandar a otros y no a él.
Las demandantes, representadas por firmas de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, argumentan que en Colombia se agotaron las vías legales, que solo la justicia internacional pudo establecer la realidad de la muerte del magistrado Urán en fallos que los gobiernos colombianos trataron de desconocer y que Plazas Vega es un residente legal en Estados Unidos lo cual implica, a juicio de ellos, que debe responder en ese país por sus acciones. La audiencia de hoy, pedida por las denunciantes, es para presentar lo que técnicamente se conoce como “Motion for summary judgement”. Es decir una petición de juicio abreviado para determinar si el proceso puede seguir sin citar a un gran jurado.
Y aquí viene la sorpresa reveladora. El juez del caso se llama Rodolfo Armando Ruíz II, es hijo de padres cubanos, y empezó su carrera judicial en Miami por nombramiento del gobernador republicano de Florida Rick Scott, hoy senador. Después Rodolfo Ruíz se convirtió en juez federal del Distrito Sur de la Florida por nominación del entonces presidente Donald Trump. El senador Marco Rubio celebró públicamente la confirmación del juez Ruíz. El juez federal de Florida Rodolfo “Rudy” Armando Ruiz II, quien hoy decidirá la suerte del caso de las hermanas Urán contra el coronel Plazas Vega, fue quien desestimó la citación al expresidente Donald Trump por el asalto del capitolio el 6 de enero de 2021. ¿Qué creen ustedes que pasará?
Hace unos días, aquí en El Reporte, Helena Urán Bidegaín manifestó con sinceridad que estaba en desacuerdo con la pretensión del presidente Gustavo Petro de reivindicar al M-19, sus banderas y sus causas, pasando por alto los sentimientos de sus víctimas. Aclaró ella que aunque todo indica que su padre murió a manos de militares no se puede desconocer la responsabilidad del M-19 en la toma del Palacio de Justicia y otros hechos violentos. Hace unos días El Espectador publicó la firme carta de la señora Urán al presidente Petro sosteniendo que la reivindicación de las acciones del M-19 no contribuye a la paz, ni a la reconciliación. La carta no ha merecido respuesta.
La postura de Helena Urán es especialmente valiente porque se desempeña como consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en temas de reparación a las víctimas. Mejor dicho, se desempeñaba. En las últimas horas una funcionaria de la Cancillería le informó que no le renovarán su contrato. Todo indica que la castigaron por discrepar del presidente Gustavo Petro. La exclusión de Helena Urán habla mal del canciller Luis Gilberto Murillo y habla peor aún del presidente Gustavo Petro. Poco a poco se consolida la sensación de que el petrismo es una religión que no tolera herejes. No hay derecho a despedir a la hija de una de las víctimas del Palacio de Justicia por no estar de acuerdo con glorificar la bandera del M-19.
La Linterna Azul 