17/06/2024 | El Tiempo | Por Ana María Cuesta
Un extenso informe del Ministerio Público cuestiona los procesos de compra liderados por la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Procuraduría General de la Nación acaba de divulgar un informe asegurando que están en riesgo 136 mil 911 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el proceso administrativo de compra de tierras para la reforma agraria, que ha liderado la Agencia Nacional de Tierras —ANT— durante el gobierno de Gustavo Petro.
De la reforma agraria se ha venido hablando desde el año 1961 por las leyes relacionadas. Es un proceso que pretende la redistribución de predios para mejorar la calidad de vida de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, corrigiendo la desigualdad en la tenencia de la tierra.
El Ministerio Público analizó 86 de las 288 compras que la Agencia Nacional de Tierras ha efectuado con ese propósito y la alerta del procurador Gustavo Adolfo Guerrero habla de presuntas irregularidades en al menos el 62% de las compras analizadas.
«A fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos», señala el informe que habla de un posible incremento en la cifra, en el orden de los 556 millones de pesos por otros 56 predios de los que aún no se efectúan los desembolsos.
¿De dónde sale la cifra de 136 mil millones de pesos en riesgo?
El procurador Guerrero advierte que hay irregularidades en $51.787 millones en la adquisición de predios que no tienen vocación agrícola y en los que no se atendieron las observaciones técnicas que se formularon.
También se habla de presuntas irregularidades por $30.623 millones en solicitudes de ingreso al Fondo de Tierras de predios que no han sido formalmente adquiridos. Presuntas inconsistencias en $27.039 millones en predios adquiridos sin acta de entrega; otras inconsistencias por $15.281 millones en la compra de predios que pueden tener las condiciones de tierras baldías no adjudicables; y supuestas irregularidades en $11.791 millones sobre la adquisición de predios con naturaleza o extensiones cuestionables.
Las irregularidades que encontró la Procuraduría en la compra de tierras para la reforma agraria
Según la Procuraduría, la falta de claridad en las normas sobre la compra de tierras ha provocado que la ANT lidere estos procesos de forma «discrecional».
Según la entidad, los procesos se compra evidenciaron problemas en los estudios de títulos para asegurar el cumplimiento de los requisitos jurídicos que arrojen si un predio es de propiedad privada y susceptible de compra.
«La revisión de expedientes ha mostrado que varios análisis jurídicos han aplicado inadecuadamente la regla de la «fórmula transaccional», sin considerar adecuadamente la naturaleza potencialmente no adjudicable de los terrenos, como aquellos con cuerpos de agua, humedales o terrenos inundables«, dice el informe.
«Los estudios de títulos incluidos en los expedientes tienden a establecer los derechos de propiedad basándose en títulos originarios, utilizando como insumos las anotaciones dentro del folio de matrícula. Sin embargo, esta práctica puede ser problemática ya que la calificación adecuada de la tradición muchas veces exige consultar directamente los títulos originales y no solo las anotaciones que se refieren a ellos«, agregan.
También señalan situaciones anómalas en las solicitudes de ingreso al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
«Se encontró que la suscripción de las promesas de compraventa sirvió de fundamento para ordenar la incorporación de los predios al Fondo de Tierras, a pesar de que estas promesas no transfieren derechos de propiedad sino que solamente establecen la obligación de firmar los contratos de compraventa», se lee.
Baja ejecución presupuestal en la Agencia Nacional de Tierras
El Ministerio Público encontró «discrepancias significativas» en las cifras del informe de gestión de la Agencia Nacional de Tierras de 2023, comparado con las cifras de su ejecución presupuestal.
«Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos. La ejecución presupuestal para compra de tierras solo correspondió al 33% equivalente a $407.021.505.886 respecto de la apropiación global para los rubros de compra de tierras que fue por valor de $1.231.895.430.164 —si se toma el valor apropiado según la respuesta de la ANT del 14/03/2024— debido a que los $645.000.000.000 fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz, pero realmente la ejecución al 31 de diciembre de 2023 correspondió al 0%», se advierte.
La Linterna Azul 