18/06/2024 | El Colombiano | Editorial

En un hecho inédito —e insólito— resulta que ahora al parecer ni tirios ni troyanos quieren, a 72 horas de vencer el plazo, que se apruebe la ley estatutaria de educación.

El “cambio” del país que prometió el presidente Gustavo Petro, como lo hemos dicho, se está haciendo a físicos trancazos, al menos en lo que se refiere al capítulo de los trámites en el Congreso de la República ¿Qué tan bueno puede llegar a ser un cambio trascendental hecho de esa manera? ¿Servirá o no servirá? ¿Se aplicará o no se aplicará?

Hacer reformas ‘a las patadas’ no tendría nada de malo –o al menos no mucho de malo– si se tratara de trámites de leyes ordinarias que no pretenden afectar de manera tan profunda el diseño institucional del Estado. Los trancazos comienzan a ser problemáticos cuando se trata de reformas con las que se aspira a “cambiar” la manera como ha venido operando el país por décadas.

Cuando se tiene un propósito tan ambicioso, el trámite debería ser más pulcro, en términos legales, que cualquier otro; debería tener un mínimo nivel de consenso alrededor de lo que se reforma y sobre todo no debería haber lugar a la improvisación en el articulado. Por eso es preocupante que la respuesta a cada uno de esos ítems sea “ninguna de las anteriores”. El trámite no ha sido pulcro, para la muestra el ‘Olmedogate’; no hay un mínimo consenso alrededor de las reformas –en el caso de la pensional prefirieron saltarse el debate para evitar que se cayera en la conciliación– y en cuanto a introducir artículos a última hora son varios y protuberantes los ejemplos.

Ya habíamos hablado en estas páginas de los errores de la reforma pensional y de la fallida reforma a la salud que el Gobierno intenta poner en práctica por vías de hecho; pero ahora el turno, y el motivo de este editorial, es de la reforma a la Educación que debe quedar aprobada a más tardar el jueves.

En un hecho inédito —e insólito— resulta que ahora al parecer ni tirios ni troyanos quieren, a 72 horas de vencer el plazo, que se apruebe la ley estatutaria de educación. Fecode está en paro, en las calles, pidiendo que se hunda. Y quienes, según la teoría de Fecode, debían estar contentos —los representantes de la educación privada— también parecen darse por bien servidos si la reforma se queda en el tintero.

Hace apenas quince días esta reforma parecía ser la que más acuerdos concitaba. La ministra hizo tan buen trabajo que en el Congreso se llegó a un consenso entre las bancadas de gobierno y las de la oposición, decidieron unificar el texto en uno solo y ya todos felices y contentos estaban dispuestos a aprobarla.

Pero no contaron con el ‘pequeño detalle’ de Fecode. Para el sindicato, el texto acordado era como si el petrismo se hubiera entregado al enemigo. De inmediato convocaron a paro, el de la semana pasada, exigiendo retomar el texto anterior, antes de la concertación, y la ministra corrigió seis puntos para darle gusto a Fecode. Lo curioso es que ayer se lanzaron a la calle y volvieron a anunciar paro, pero esta semana ya están pidiendo que mejor hundan el proyecto. Todo indica que Fecode ya no confía que del Senado pueda salir una ley a la medida de sus intereses.

Esta ley invoca básicamente derechos con los que la mayoría de la gente está de acuerdo. Que se garantice el derecho fundamental a la educación entre los 0 y los 6 años. Que la educación superior también sea un derecho. Hacer obligatoria la educación media. Garantizar formación integral en artes, cultura, deportes, ciencia, innovación y tecnología. Y así sucesivamente, una serie de buenos deseos con los que nadie pelea.

¿El problema es la financiación? Sí, pero no. Haciendo cálculos básicos, sólo para completar la cobertura, se tendrían que poner 41 billones de pesos más al año. Una cifra que ya parece impagable —es incluso más que la que necesita el gobierno para darles el subsidio de 223.000 pesos a los mayores de 60 años— y “no tiene ningún asidero fiscal”, si se le suma el componente calidad, como dice el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González.

Pero la financiación deja de ser problema porque a pesar de ser impagable, la misma ley dice que será de aplicación progresiva, con lo cual podrían pasar décadas antes de tener que poner en práctica estos nuevos derechos. Un verdadero canto a la bandera.

¿Entonces cuál es el problema? Que entre los seis puntos en discusión de Fecode hay dos que podrían llegar a ser verdaderamente complicados.

El primero tiene que ver con el concepto de educación mixta que se ha incorporado, porque implica la posibilidad de que el Estado pueda financiar o promover la educación privada, lo cual para Fecode es un pecado capital. Basta recordar la guerra que el sindicato le ha hecho al modelo de colegios por concesión en Bogotá, financiados por el Estado pero operados por los privados, que tan buenos resultados han tenido. Por supuesto, no quieren que se abra en lo más mínimo esa posibilidad.

Y el de la democracia directa en las instituciones de educación superior tiene un componente de coyuntura complejo con motivo del proceso constituyente del cual tanto habla el presidente Petro. El proyecto de ley habla de democracia vinculante ¿Se llegaría al punto de que los estudiantes decidan qué carreras puede ofrecer la universidad? ¿A qué profesores aceptan y a cuáles vetan?

Esperemos a ver qué pasa. Pero no deja de ser preocupante que faltando solo 72 horas se esté discutiendo dos versiones tan distintas del derecho a la educación y lo peor que puede ocurrir es que a última hora una u otra termine ganando por efectos de alguna viveza o jugadita de última hora.