17/06/2024 | El Tiempo | Unidad Investigativa
Compromete vigencias futuras por $ 18.000 millones. Fichas de Daniel Quintero están en esa unidad. ¿Cómo encaja director de Dian?
Mientras encapuchados intentaban tomarse la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y sus directivos se enfrentaban en tribunales por el nombramiento de un nuevo rector —José Ismael Peña—, funcionarios del gobierno Petro estaban perfeccionando un millonario negocio que involucra vigencias futuras y a una empresa satélite de esa institución.
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EL TIEMPO investigó y estableció que el negocio se empezó a cocinar en enero de este año cuando todavía era rectora Dolly Montoya. Y se perfeccionó cuando el Ministerio de Educación se oponía a que Peña continuara al frente de la universidad y él entutelaba para permanecer en el cargo.
¿Dejaron el cascarón?
La entidad estatal involucrada en el negocio es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) que está adscrita al Ministerio de Hacienda y que cuenta con un presupuesto superior a los 289 mil millones de pesos anuales.
Funcionarios de esa entidad le dijeron a EL TIEMPO que con el negocio que se acaba de firmar, “la UGPP quedó hecha un cascarón”.
La razón: “Le está entregando roles de su función misional a terceros. ¿Para qué estamos los funcionarios? Además, los contratos se iban a entregar mediante licitaciones que fueron abortadas y que generaron renuncias”.
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EL TIEMPO también comprobó que un grupo de profesores de la Nacional pidió que su fondo de empleados se retirara de inmediato del negocio por el hermetismo con el que se ha manejado el tema y por presuntos intereses personales para que se firmara, sin esperar a que se aclarara quién va a quedar como rector de la Nacional.
¿Cuotas de Daniel Quintero?
Tal como lo reveló EL TIEMPO, el 2 de mayo pasado, la UGPP tiene entre sus directivos a tres funcionarios de confianza que ocuparon cargos clave en la Alcaldía de Medellín en la administración de Daniel Quintero, que aterrizaron hace unos meses en la UGPP.
Se trata de Juan Pablo Ramírez, exsecretario de gobierno de Medellín y ahora subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales. Además, de Edwin Muñoz, exgerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) y hoy director de Gestión de Tecnología de la Información. Y Marelbi Verbel Peña, exsubgerente de la ESU y hoy directora de Soporte y Desarrollo Organizacional de la UGPP.
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Después de que EL TIEMPO reveló una posible inhabilidad entre la ejecución de un convenio entre la ESU y la UGPP, que tiene como protagonista principal a Edwin Muñoz, el director de esta Unidad, Luciano Grisales, manifestó que posiblemente lo iban a frenar.
Pero el que tomó velocidad es el que involucra a la Universidad Nacional y a su empresa satélite Corporación Rotorr-Motor de Innovación (Rotorr).
Como socios de Rotorr aparecen la Universidad Nacional, con un 70 por ciento; y (hasta hace un par de semanas) el Fondo de Empleados Docentes Universidad Nacional de Colombia (Fodun), con 30 por ciento y representado por Jairo Orlando Villabona, recién nombrado director de la Dian.
La carta de Luciano Grisales
El 23 de enero pasado el director de la UGPP, Luciano Grisales, invitó a la Nacional y a Rotorr a firmar un “acuerdo de voluntades para que le prestaran apoyo permanente en los diferentes procesos misionales que desarrolla la entidad en temas de capacitación estructuración, asesoría, entre otros”.
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Grisales resalta la trayectoria y experiencia que tienen Rottor y la Nacional, además, hace referencia a conversaciones previas.
La corporación Rotorr-Motor de Innovación tiene un año y 3 meses de creada y registró un capital de 1.000 millones de pesos de los cuales 700 millones están representados en el préstamo de una sede y de unos equipos, entre otros bienes en especie de la Universidad Nacional.
Un día después, el 24 de enero pasado, la Nacional —representada por Camilo Younes, su vicerrector de Investigación—, y Rotorr —representado por Jairo Alonso Restrepo, director ejecutivo—, se pusieron en disposición inmediata para firmar el acuerdo de voluntades.
Las vigencias futuras
El 30 de enero firmaron el convenio. Y el primero contrato, el 16 de abril pasado, “para prestar los servicios de administración integral de gestión documental y archivo durante las etapas de la gestión de los documentos y su ciclo vital”.
El monto inicial del contrato es de 25.200 millones de pesos. De los cuales 7.255 millones de pesos tienen disponibilidad presupuestal.
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EL TIEMPO investigó y estableció que el resto del dinero se cubrirá con cupos de vigencias futuras que fueron aprobados por el director General del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda en un documento del 29 de febrero de 2024.
Los votos del comité
Funcionarios de la UGPP, que pidieron el anonimato por miedo a represalias, le aseguraron a EL TIEMPO que ya se habían proyectado licitaciones públicas para elegir a los contratistas que ejecutaran las labores que ahora hará Rotorr.
“Hubo un comité de contratación en donde tres de sus miembros se opusieron a entregar ese contrato de manera directa a Rotorr y terminaron fuera de la UGPP”, dijo un funcionario.
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Sin embargo, esos exempleados no son los únicos que terminaron apartándose del convenio y contratos entre la UGPP con la Universidad Nacional y Rotorr.
EL TIEMPO estableció que, tras una asamblea de Fodun, el 15 de marzo, se tomó la decisión de desvincularse de Rotorr. Así se lo notificaron, el 26 de abril —el día que se inició el contrato con la UGPP—, al gerente de Fodun, Jairo Orlando Villabona (nuevo director de la Dian), y a su gerente Financiero, Marco Blanco que a la vez es gerente administrativo y financiero de Rotorr.
‘Intereses personales’
EL TIEMPO se comunicó con Luz Marina Ocampo, coordinadora del Comité de Control Social de Fodun, quien explicó que salieron de Rotorr porque no había claridad de lo que hacía o ganaba el fondo de docentes.
Y otro directivo de Fodun, que pidió omitir su nombre, señaló que había hermetismo detrás del convenio con la UGPP y presuntos intereses personales.
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EL TIEMPO habló con Luciano Grisales, director de la UGPP, quien entregó estudios y documentos que soportan la conveniencia del convenio y contrato. Además, información de las vigencias futuras. También pidió ir a la fuente primaria (la UGPP) y no a terceros para indagar sobre el tema.
“Se acreditó experiencia ejerciendo la gerencia integral en el contrato interadministrativo de 2023, que la Universidad Nacional celebró con la Contraloría General, que contempla el ámbito de la gestión de documentos y archivos”, señala un documento enviado por Grisales.
Pero cuando se le preguntó quién firmó el convenio a nombre de la Nacional, si estaba en disputa la rectoría, dijo que no sabía (fue Camilo Younes). Tampoco explicó la salida de miembros del comité de contratación que se opusieron a contratar sin licitación.
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EL TIEMPO llamó a Marco Blanco, quien se sigue presentando como representante de Rotorr, dijo que está en el empalme para su salida y remitió a una vocera que explicó que estaban facultados para firmar el convenio y el contrato, y que eso no dependía de ningún rector (ver recuadro abajo).
‘Se tiene las facultades para firmar; no depende de un rector’
EL TIEMPO se comunicó con Marco Blanco Ariza, gerente financiero y administrativo de Rotorr, para preguntarle sobre la firma del convenio con la UGPP y si se estaba cocinando un nuevo contrato con esta entidad.
Pero aseguró que no era la persona adecuada para dar esta información porque cada proyecto lo dirige una persona diferente.
Jennifer Aldana, encargada del tema, le dijo a EL TIEMPO que Rotorr tiene una amplia experiencia en la materia y que no es cierto que vaya a haber un segundo contrato.
Además, aseguró que la firma del convenio y del contrato no dependía de un rector en específico y que Rotorr tiene la autonomía para que sus representantes puedan firmar.
Finalmente, dijo que desconocía las razones por las que se había retirado Fodun de la vinculación con la Corporación.
Sobre el presupuesto y las vigencias futuras, manifestó que era posible que no se usara todo el dinero destinado, y que todo se firmó de acuerdo con las normas y las leyes.