27/06/2024 | El Tiempo | Unidad Investigativa
Prostíbulos en bienes bajo su administración y millonarias comisiones a funcionarios por venta de narcobienes hacen parte de los hallazgos. EL TIEMPO habló con la contralora que investigó.
«Esta es la campaña de desprestigio al progresismo y de limpieza a la imagen de Duque para intentar retomar el poder que hace un grupo político manejando la gran prensa. Sacan un titular cierto sin poner las fechas para que la gente crea que el hecho corrupto se produjo en este gobierno. Se produjo en el gobierno de Duque».
- (Lo invitamos a leer: El informe que se entregará a las autoridades sobre movimientos de firma donde aparecen Laura Sarabia y su hermano Andrés)
Ese mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, a las 12:24 PM del miércoles 26 de junio, se conoció después de que la Contraloría reveló millonarios hallazgos que hizo en el manejo de bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El informe y la respuesta al presidente Petro
Funcionarios del gobierno Duque le respondieron al presidente Petro que se trata de irregularidades presentadas durante la actual administración.
«El presidente afirma que el informe de la Contraloría, es del período Duque, y que son actos de corrupción, debo aclarar que esto es falso. Cada persona debe responder de acuerdo a sus indicadores de gestión durante su período en el cargo, y frente al informe de la Contraloría es claro que hay responsabilidades directas de los administradores actuales en sus ya casi 2 años de gestión«, aseguró Andrés Ávila, presidente de la SAE durante la administración de Iván Duque.
EL TIEMPO se comunicó con la contralora delegada para el sector justicia, Jenny Lindo, quien lideró la auditoría y empezó por asegurar que si bien hay irregularidades que vienen desde anteriores administraciones, en el actual gobierno se han seguido desarrollando.
«Hay canones de arrendamientos de lujosas propiedades que siguen manteniendo los mismos pagos mensuales desde hace varios años sin que se le haga el debido aumento de ese valor, generando pérdidas. Si bien algunas irregularidades se vienen presentando desde hace muchos años, hoy siguen vivas en la entidad», le dijo Lindo a EL TIEMPO.
Y agregó que otro de los casos en los que encontraron graves irregularidades es en la ocupación irregular de bienes.
En efecto, EL TIEMPO accedió a las 308 páginas del informe de la auditoría en el que se asegura que se han encontrado incluso prostíbulos en bienes que son ocupados irregularmente.
Los prostíbulos
Una de las propiedades en las que se encontraron irregularidades es en el Edificio Lina Cristina, ubicado en Cali, en el cual 11 apartamentos están ocupados de forma ilegal.
«Este se encuentra en administración directa por parte de la entidad (SAE) y con estado legal extinto al 100 por ciento. Se evidencia una cartera en estado de mora, producto de contrato de arrendamiento, el cual se encuentra vencido, por un valor de $ 386.658.750, sin acciones administrativas de cobro tendientes a su recuperación«, se lee en el informe.
Sobre las ocupaciones irregulares la SAE aseguró que la actual administración en cabeza de Daniel Rojas, ha logrado bajar la cifra al 45,4 por ciento.
Pero hay otro dato que ha llamado la atención de los investigadores y que quedó consignado en el acta de la inspección. El mismo edificio que fue ocupado irregularmente en Cali es usado para «actividades ilícitas de servicios sexuales».
Las bonificaciones a funcionarios
Dentro del listado de hallazgos de la Contraloría, también quedaron consignados «millonarios pagos que hoy son rastreados a funcionarios de la SAE».
«Se observaron pagos por bonificaciones a funcionarios de la Entidad, desde la vigencia 2021, producto del cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos; sin embargo, los pagos son producto de la comercialización de bienes en estado “en proceso”, que podrían ser objeto de devolución por decisión judicial. Adicionalmente, en algunos casos se observaron pagos que superan los límites por asignaciones básicas, permitidos por Ley», asegura el informe.
Y si bien fueron giros que se aprobaron desde 2021 (administración Duque), para la Contraloría es claro que los desembolsos han continuado.
«Verificadas las bonificaciones ocasionales, registradas en el presupuesto, se observan pagos realizados a los trabajadores para 3 vigencias, 2021, 2022 y 2023″.
Sobre ese aspecto, la Contraloría pidió información a la SAE desde donde respondieron que «en sesión de Junta Directiva No. 219 del 25 de agosto de 2021, se aprobó el reconocimiento de las bonificaciones por productividad y por cumplimiento comercial«.
Para investigadores cercanos al caso, el pago de las comisiones a funcionarios de la SAE, representa un riesgo, ya que los narcobienes incautados podrían regresar a manos de sus anteriores dueños.
«Le están pagando a funcionarios que tienen acceso a información sensible del historial del inmueble. Eso podría representar que por ganarse una comisión, cualquier funcionario pueda vender la propiedad incluso a testaferros de los mismos narcos a los que se les ha incautado el bien«, le explicó a EL TIEMPO un investigador.
Sobre estos hallazgos ya se compulsaron copias a la Procuraduría y a la Fiscalía, para que se determine si se está ante la comisión de un delito y/o de una falta disciplinaria y quiénes estarían involucrados.
Y desde la Contraloría anunciaron que se avecinan nuevas inspecciones.
La Linterna Azul 