3/10/2019 | Por Martín Higueras | Libertad Digital, Madrid | Colombian News

El enfrentamiento entre el Ejecutivo peruano y los ahora ex congresistas se mantiene mientras expertos debaten la constitucionalidad de lo ocurrido.

El antecedente más reciente y similar a una crisis con el Poder Legislativo de Perú de la magnitud a la actual con la decisión del presidente Martín Vizcarra del pasado lunes se remonta al 5 de abril de 1992 cuando Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso. Sin embargo, aunque ha sido un hecho recordado en estos días, hay pocas coincidencias entre ambos momentos ya que, en aquella ocasión, Fujimori lo hizo sin tomar en cuenta las condiciones contempladas por la Constitución para dar ese paso. También decidió intervenir el Poder Judicial, además de otros organismos importantes como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público y la Contraloría. Además, en esa ocasión no convocó a elecciones, cosa que sí hizo Vizcarra con fecha: 26 de enero de 2020.

Ahí no acabó la cosa. Después de ese 5 de abril, hubo una serie de detenciones de congresistas, el cierre físico del Congreso —ahora se mantiene una Comisión Permanente con 27 representantes— la detención domiciliaria de los presidentes de las cámaras legislativas, la intervención de medios de comunicación, y la presencia de vehículos militares rodeando gran parte de los edificios de la administración pública.

El hecho es que en Perú se mantiene un presidente, Martín Vizcarra, pese a que, durante 24 horas, Mercedes Araoz —congresista y vicepresidenta del país— intentó ocupar ese lugar en una juramentación precipitada encabezada por titular del legislativo, Pedro Olaechea, quien tildó el paso del presidente como un «Golpe de Estado». El hecho fue tan absurdo, que la propia Araoz renunció a tal encargo a través de las redes sociales al día siguiente. Ahora mismo se discute si el Tribunal Constitucional (TC) debe sesionar para analizar si el paso dado por Vizcarra incurrió en alguna infracción constitucional o no, decisión que debería tomar en caso de que reciba el encargo, algo que no ha ocurrido por el momento.

Los expertos constitucionalistas no se ponen de acuerdo. Lo que hizo Vizcarra fue interpretar que el Congreso le había negado la moción de confianza solicitada por el entonces primer ministro, Salvador del Solar, quien lo hizo para modificar el reglamento de elección de los miembros del TC. El Congreso no lo atendió de inmediato —de hecho, le impidió durante unos minutos la entrada al hemiciclo— y mantuvo la designación de un magistrado del TC. Con eso, el Ejecutivo entendió que se le estaba negando esa confianza.

Con esa interpretación, y al tratarse de la segunda moción de confianza denegada —la primera fue en septiembre del 2017—, Del Solar renunció a su cargo (estaba obligado a hacerlo) y el presidente anunció su decisión de disolver el Congreso. Mientras lo anunciaba en su discurso emitido a través de los medios de comunicación, los legisladores votaron aprobar la confianza con una velocidad inusitada. Para el Ejecutivo, ya era demasiado tarde.

El fujimorismo y el aprismo —ambos los más virulentos opositores de Vizcarra— buscaron la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la respuesta de su secretario general, Luis Almagro, tal vez no los ayudó. En un comunicado sugirió que el TC se pronuncie y agregó que «es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación».

Los próximos días serán clave. Vizcarra ya ha designado un nuevo Gabinete, mientras Olaechea intenta reaccionar, pero lo cierto es que el Congreso, de mayoría fujimorista, mostró en todo momento una actitud obstruccionista desde el 28 de julio de 2016 cuando asumió la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, quien había derrotado Keiko Fujimori en las urnas por un escaso margen. Ahora, esos mismos congresistas de la bancada fujimorista Fuerza Popular, que se han visto muy golpeados por la renuncia de Mercedes Araoz, piden elecciones generales, algo que por cierto propuso el propio presidente Vizcarra al Congreso hace unas semanas, justamente para solucionar la crisis política. El pedido fue archivado por la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorismo.

Libertad Digital, Madrid
6 de octubre de 2019
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