11/02/2024 | Por Néstor Humberto Martínez Neira | El Tiempo

No es posible orientar la política criminal con cifras que niegan la realidad.

El país entero está alarmado con el delito callejero y la pobre reacción de las fuerzas del Estado contra el crimen. Sería muy grave que ese sentimiento se trate de anestesiar con cifras delictivas inexactas. Al amanecer de este año vimos muy activo al Ministerio de Defensa entregando las estadísticas criminales del 2023, a sabiendas de que las cifras de la Policía Nacional no registran el universo de los delitos. Solo la Fiscalía posee los datos anualizados de la criminalidad, gracias al denominado Censo Delictivo Nacional, creado en el año 2017, que compendia todas las noticias criminales del país.

De allí que, para hacer un balance real del panorama de seguridad en el 2023, contrastamos las cifras del Mindefensa contra los datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), que fue posible obtener mediante un derecho de petición a la Fiscalía. Los resultados son extremadamente dicientes.

Para empezar, el Ministerio anunció con bombos y platillos una reducción pírrica del número de homicidios el año pasado, pasando de 13.540 a 13.432. Ese resultado es incompatible con el informe parcial que dos semanas antes había presentado el Instituto de Medicina Legal, cortado a noviembre de 2023, de acuerdo con el cual el homicidio venía creciendo en año corrido en un 5,29 %. Para la Fiscalía, los homicidios dolosos individuales y colectivos del 2023 ascendieron a 13.701.

Según las cifras del Gobierno, el secuestro extorsivo creció un 55 % durante el 2023. Sí, ¡un 55 %!, al pasar de 141 secuestros en 2022 a 219 en el 2023. Pero la real situación es mucho peor: según las cifras oficiales de la Fiscalía, que se revisan en mesas de trabajo con los Gaula y fiscales especializados, en el 2023 los secuestros extorsivos fueron 619. ¿Cómo se explica, y quién, que el Gobierno haya anunciado solamente una tercera parte de los plagios que registra el SPOA para el año pasado? Sería demoledor institucionalmente, si esta diferencia estadística pretende ocultar los verdaderos resultados de la política de seguridad ciudadana y el lamentable desempeño de la Fuerza Pública en las regiones, provocado en buena medida por el cese del fuego, que paraliza la acción del Estado, mientras se sigue secuestrando.

Es muy grave lo que está volviendo a ocurrir con el secuestro. Según las cifras de la Fiscalía, en la actualidad ocurren 2 secuestros por día, algo que no ocurría durante los últimos gobiernos. Y para matizar el problema, el Ministerio de Defensa afirma que “en lo corrido del año aumentaron las capturas por el delito de secuestro, en un 14 %”. ¿Acaso podría ser diferente, si el secuestro creció el doble?

La situación no es muy distinta en materia del hurto a personas, que nos tiene totalmente agobiados. El Ministerio de Defensa anunció que en el 2023 el hurto creció 4 %, pasando de 351.334 a 364.531 casos, entre 2022 y 2023. Ocurre que la cifra gubernamental para el cierre del año pasado es muy diferente a la que provee la Fiscalía: 428.861 hurtos en total, teniendo en cuenta solamente las modalidades de atraco, factor de oportunidad, ‘cosquilleo’ y raponazo. Una diferencia sustancial, claro está, que se acerca mucho más a la percepción ciudadana de que las calles se les entregaron a los bandidos.

Y ni qué hablar de la extorsión, que está disparada, mientras los ministros anuncian todas las semanas que ya casi tendremos inhibidores en las cárceles, para acabar definitivamente con este delito. Según el Gobierno, en el 2023 solamente hubo 10.263 extorsiones, mientras que el SPOA muestra que el año anterior ocurrieron 14.265. Casi un 40 % de más. Es inaudito que se desconozca la verdadera dimensión de lo que ocurre.

No es posible orientar la política criminal con cifras que niegan la realidad, mientras al propio tiempo se anuncia desde el Ministerio de Justicia una política punitiva laxa, que mezcla la reducción de penas con la falta de cárceles y un modelo de justicia restaurativa. ¿Qué opinarán la ciudadanía y los alcaldes?

Taponazo. La indignación nacional por el asedio e intento de toma de las cortes debe traducirse en responsabilidad política y responsabilidad penal efectivas.