1/06/2024 | El Tiempo | Por Camilo A. Castillo
La mesa de diálogo con el grupo desertor del acuerdo arrancará en medio de dudas por la situación jurídica de los integrantes de ese grupo armado.
El gobierno del presidente Gustavo Petro se sentará a negociar desde este mes de junio con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo desertor del acuerdo de paz de 2016 que opera bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’, en medio de varias dudas y de un debate jurídico en torno al estatus de la futura mesa de diálogo.
Fuentes cercanas al proceso consultadas por EL TIEMPO señalaron que este podría dar inicio durante la segunda semana de junio, luego de una serie de encuentros preparatorios entre voceros del grupo armado y delegados de la oficina del Comisionado Consejero para la Paz, entre ellos, el jefe de la delegación de Gobierno, Armando Novoa.
Pero más allá del anuncio, el proceso de negociación con este grupo es complejo, pues, existen interrogantes sobre los cuales no hay claridad. El primero, y quizás más importante, tiene que ver con el camino que buscará tomar el Ejecutivo para el sometimiento de los integrantes del grupo armado.
Como lo indica la base jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, la Ley 1957 de 2019, aquellos que firmaron los compromisos derivados de la negociación de La Habana y luego desertaron, no podrán recibir ningún beneficio del acuerdo.
Cabe mencionar que la ‘Segunda Marquetalia’ nació en 2019, cuando un grupo de excombatientes de las Farc, liderados por ‘Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y el ‘Paisa’ abandonaron el proceso y volvieron a las armas, lo que causó su expulsión de la justicia transicional. Hoy cuenta con unos 1.751 integrantes, según cifras de inteligencia militar, entre hombres en armas y redes de apoyo.
Sin embargo, la tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación —manifestada por el excomisionado Danilo Rueda antes de salir de su cargo— es que en el acuerdo no existe limitación para que los desertores ingresen a nuevos procesos y puedan tener cabido en otro esquema de justicia transicional, algo que iría en contravía de las propias afirmaciones de esta administración.
Hay que recordar que, en febrero del 2023, en un concepto enviado por Presidencia, firmado por el entonces secretario jurídico, Vladimir Fernández, a la Corte Constitucional —en el marco de una serie de demandas en contra de la ley de ‘paz total’—, aclararon que los desertores (puntualmente los de la ‘Segunda Marquetalia’) solo podrían acogerse a un acuerdo mediante un proceso de sometimiento a la justicia.
A esto hay que sumarle la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ‘paz total’ en la que se declaró inexequible que fuera “a juicio del Gobierno” que se definieran los términos del sometimiento a la justicia. Esa definición, advirtió la Corte, solo puede ser dada por el Congreso a través de una ley, la cual ni siquiera ha sido radicada.
- (Le puede interesar: El debate por el apoyo el Eln y la ‘Segunda Marquetalia’ a la idea de la constituyente del presidente Gustavo Petro).
“El Gobierno y el presidente sí tienen un amplio poder para iniciar procesos de conversación, no hay ninguna prohibición en esa materia y así lo dejó claro la Corte en su más reciente fallo sobre la ‘paz total’. El problema que hay es respecto a los desertores. Recordemos que hay una provisión en el artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 del 2012 que dice que no se podrán otorgar instrumentos de justicia transicional a personas que hayan sido reincidentes”, le dijo a EL TIEMPO, Diego Martínez, miembro del equipo jurídico en el proceso de negociación en La Habana.
Por ahora, y según pudo conocer este diario, el plan A para ‘Márquez’ y sus subalternos sería la justicia ordinaria, camino que podría significar el reto más complejo para el Gobierno en este proceso.
Andrés Preciado, director Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz, anticipa un escenario en la negociación complejo debido a un factor adicional.
“No hay que olvidar que esta organización tiene hoy tres tipos de integrantes: los nuevos combatientes, los que podríamos llamar disidentes reales, que son los que negociaron, pero no firmaron, y los desertores, aquellos que incumplieron el acuerdo. Solo estos últimos son los que tienen un problema jurídico real y la gran pregunta que el Gobierno tendrá que dar es como va a resolver eso dentro de la negociación, porque es claro que todos querrán beneficios”, opinó.
Esta negociación tendrá un elemento de análisis adicional. Está ligado a la reparación de ‘Márquez’ en video y a su respaldo a las reformas sociales del Gobierno y a la Asamblea Constituyente.
“En este nuevo momento en que, gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes, nadie, ninguno ni ninguna, debe quedarse de brazos cruzados. Levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes. (…) Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. Él es la legítima autoridad”, señaló el jefe guerrillero.
“Hay problemas jurídicos, como que los beneficios no pueden ser los mismos para todos y que ya tienen una cortapisa normativa que entrará en juego en la negociación. Pero en este caso también se prevé el control de constitucionalidad a lo que pase en la negociación y unos inconvenientes políticos ligados a cómo se vende esto, cómo se le dice a la gente que se va a volver a negociar con una de las cabezas de las extintas Farc”, agregó Preciado.
- (Siga leyendo: Gobierno reconoce a tres miembros más de las disidencias como negociadores para futura mesa de diálogo).
Detalles sobre la negociación
Además de Armando Novoa, reconocido jurista cuya carrera a nivel público comenzó en la constituyente de 1991, la delegación de Gobierno contará con seis delegados más. Como lo adelantó este diario el pasado 19 de mayo, el propósito es tener una voz cercana al santismo.
El objetivo es claro: darle legitimidad a un proceso que ha sido cuestionado por los firmantes del acuerdo de paz de 2016 y tener un esquema parecido al de los otros espacios de conversación en curso, es decir, con una voz crítica dentro de la mesa.
Del lado de la ‘Segunda Marquetalia’, son doce los delegados que aparecen en los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro, de los cuales, a nueve ya se les levantaron las órdenes de captura.
Otro tema sobre el cual ya hay claridad y aparente acuerdo entre ambas partes es en los tiempos de la negociación. En el comunicado conjunto publicado en febrero —cuando se dieron a conocer los acercamientos— se hace énfasis en la necesidad de tener un proceso “ordenado, ágil, riguroso y respetuoso”.
Esto coincide con lo dicho por cercanos al proceso, quienes sostienen que la intención del Ejecutivo es adelantar un proceso rápido, que no arranque desde cero, y que tenga como base algunos temas tratados en Cuba durante la década pasada.
Sin embargo, para Preciado esto no es una decisión coherente de cara a abrir un nuevo proceso. “El acuerdo del teatro Colón está cerrado y en implementación, no tiene lógica que el Estado quiera abrir una nueva negociación y una nueva discusión con temas de esa agenda. Ahora, seguramente llegarán temas que tienen que ver con incumplimientos de esa agenda, con cosas que no se han implementado de la mejor manera, lo que me parece normal. Lo que no puede hacer el Gobierno es negociar temas ya acordados, no tiene sentido ni piso jurídico”, manifestó.
Finalmente, se sabe que el proceso contará con Cuba, Venezuela y Noruega como garantes y que los primeros encuentros serán en Colombia.
La Linterna Azul 