3/06/2024 | Por Eugenio Trujillo Villegas | Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción | trujillo.eugenio@gmail.com

Circulan rumores en el sentido de que Gustavo Petro cerrará el Congreso de la República el próximo 20 de julio, fecha en la que convocará una Asamblea Constituyente para proclamarse gobernante vitalicio.

Poco importa lo que diga el presidente al respecto, pues ya sabemos que todo lo que sale de su boca son mentiras. Todo lo que ha dicho como candidato y como presidente es falso, amañado y mentiroso, porque para los marxistas radicales como él, la verdad y la mentira no existen. Lo único que vale para ellos es la combinación de todas las formas de lucha, cuyo objetivo es imponer la revolución marxista.

Petro juró defender la Constitución, pero ahora nos anuncia que el “pueblo” es el único poder constituyente que él reconoce. Según él, ese “pueblo” estaría representado por las FARC, el ELN, la Primera Línea, los demás grupos armados, los indígenas manipulados por la guerrilla y el círculo de comunistas radicales que lo apoyan. Con esos grupos ilegalmente armados se tomará las ciudades, como ya lo hizo en el 2021, para imponer una nueva Constitución. O sea, los grupos terroristas serán su respaldo para otro de sus saltos al vacío, rumbo a la demolición de Colombia.

Colombia es gobernada por el fanatismo marxista

Ninguno de los burócratas del Gobierno sabe cómo se van a reemplazar las instituciones que ellos mismos están derrumbando, como lo demuestran la actual crisis de la salud o la que se aproxima con la reforma al régimen de pensiones. En caso de que consigan convocar esa Asamblea Constituyente, surge un gran interrogante: ¿Quiénes redactarán la nueva Constitución? ¿Cuáles de las entidades que existen serán suprimidas, qué otras se crearán y con qué finalidad?

Es evidente que en este Gobierno todo es improvisación, locura y fanatismo marxista, al más puro estilo de Pol Pot. Este salvaje líder comunista ordenó desalojar en 24 horas la capital de Camboya en 1975, una ciudad de dos millones de habitantes, con el pretexto de hacer una revolución agraria. En este gobierno incompetente, absurdo y de posturas radicales, todo indica que una nueva Constitución hecha por ellos impondrá transformaciones estrambóticas al más puro estilo estalinista, sin análisis alguno, aunque el mundo esté harto de saber que no funcionan y que conducen a la miseria y al totalitarismo. ¡Pero las hacen, aunque la gente se muera!

En medio del caos, Petro ordena a sus marionetas Álvaro Leyva y al ex fiscal Montealegre que digan que en el Acuerdo de 2016 con las FARC está el mandato popular para convocar la Constituyente.

¡Mentiras! Fui uno de los muy pocos colombianos que estudió ese monstruoso Acuerdo, aplaudido por empresarios, gremios y políticos, pero allí no dice en ningún parte que en el futuro se podría convocar una Constituyente.

El Acuerdo con las FARC debería ser declarado nulo

El Acuerdo del 2016 ha sido incumplido sistemáticamente por las FARC, lo cual es razón suficiente para declarar su nulidad absoluta.

Casi todos los comandantes guerrilleros que suscribieron el Acuerdo siguen en la lucha armada, que no abandonaron ni por un instante. Iván Márquez, Mordisco, el Paisa, Catatumbo, y otros que fueron dados de baja como Santrich, Romaña y Gentil Duarte, junto con todos sus frentes de guerra, no han dejado de cometer crímenes desde el mismo día del Acuerdo. Tampoco entregaron las armas, ni indemnizaron a las víctimas, ni pagaron un solo día de cárcel por sus crímenes.

Todo ese proceso de paz fue traición, cobardía y engaño. No solo legalizaron la fortuna criminal de las FARC, sino que obtuvieron inmensos recursos del Estado para seguir delinquiendo, comprar armas y multiplicar los negocios de coca y minería ilegal, y así convertirse en uno de los carteles de droga más poderosos del mundo. El expresidente Santos, quien fue el gran “capo” de tan impresionante maniobra, tuvo el cinismo inaudito de comparecer ante la ONU para declarar una de las la mentiras más grandes que se hayan dicho en ese recinto, afirmando que “la guerra en Colombia ha terminado”. ¿Cuándo terminó esa guerra? Ahora los frentes armados de las FARC dominan casi la mitad del territorio nacional.

Todo esto conduce a declarar la nulidad del Acuerdo, que en realidad nunca existió, porque ambas partes lo firmaron con la absoluta intención de engañar a Colombia y al mundo. Santos quería un premio Nobel y las FARC querían tomarse el poder por las armas, mientras que las negociaciones eran mentiras orquestadas por unos traidores, lo cual ha sido demostrado hasta la saciedad por los acontecimientos.

En medio del caos en el cual Colombia se precipita, es inadmisible que en todos estos años la Corte Constitucional haya guardado absoluto silencio sobre la materia, cuando su obligación constitucional es señalar y corregir los gravísimos incumplimientos del Acuerdo, bien sea por parte de las FARC o del Gobierno. Pues, aunque sea absurdo, ella misma cedió ante las presiones de Santos para que fuera elevado a norma Constitucional, por lo cual precisamente esa Corte tiene la obligación irrenunciable de exigir su cumplimiento.

Estas consideraciones deberían abrir un debate nacional sobre la ilegitimidad del Acuerdo con las FARC, pues ahora el presidente fundamenta en ese Acuerdo su intención de convocar una Constituyente. Primero, el Acuerdo fue rechazado en el Plebiscito, lo cual lo hace ilegítimo. Y después, las FARC nunca lo han cumplido, lo cual lo hace doblemente ilegítimo.

Sin duda alguna, el falso Acuerdo con las FARC es el inicio de todas las desgracias que ha soportado Colombia a partir de 2016, incluyendo a Petro, el hombre que usurpó la presidencia en las elecciones de 2022. En vez de debatir sobre constituyentes espurias y aprobar reformas por medio de vergonzosos sobornos, el Congreso debería comenzar el juicio político a Petro por todas las indignidades de su elección y por la corrupción desbordada de su gobierno.