12/06/2024 | Por: Laura Vanesa Barona | El País | Editorial
Aun reconociendo la ardua labor que adelantan las Fuerzas Militares y la Policía para contrarrestar las acciones de las organizaciones criminales en esta parte del país, es claro que las batallas se están perdiendo.
El llamado es el mismo que se hace desde hace años, cada vez que se comete un atentado terrorista, un ataque a las estaciones de policía en la zona rural o un crimen contra la población: a Jamundí hay que ponerle cuidado y darle soluciones integrales para que la violencia deje de penetrar su territorio. En ese propósito no se puede dejar solos al municipio ni al Departamento; es el Gobierno Nacional el que tiene la gran responsabilidad de brindar la protección y las garantías necesarias.
Ayer ocurrió de nuevo. En la madrugada comenzaron los hostigamientos contra la sede de la Fuerza Pública en el corregimiento de Potrerito y mientras la atención se centraba en ese lugar, estalló una motocicleta bomba en el centro de Jamundí. Dos policías resultaron heridos al igual que cuatro civiles, pero quien llevó la peor parte fue un cuidador de vehículos que se encontraba en el lugar y quien anoche permanecía en estado grave y bajo pronóstico reservado, internado en una clínica de Cali.
Ocurrió un día después de que el presidente Gustavo Petro le exigiera al Valle y al Municipio asumir la erradicación de cultivos ilícitos en la zona montañosa. Es como si al Primer Mandatario se le olvidara las veces que desde la Administración Departamental y el Gobierno local se le ha rogado a la Nación que incluya en los planes contra las siembras ilegales a esa población y que brinde las ayudas en programas sociales y económicas que permitan realizar la transición.
La situación de violencia en Jamundí es una extensión de las acciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Está comprobada la simbiosis que se creó en los últimos años entre grupos alzados en armas, como las disidencias guerrilleras, con las mafias de la droga, aprovechando la incapacidad del Estado para brindar protección y atención a la región. El norte del Cauca y el sur del Valle son los corredores por los que se mueve el mercado de los estupefacientes que se cultivan y procesan in situ, se sacan por el Pacífico y surten al mundo.
Aun reconociendo la ardua labor que adelantan las Fuerzas Militares y la Policía para contrarrestar las acciones de las organizaciones criminales en esta parte del país, es claro que las batallas se están perdiendo. Sin duda, hay que aumentar el número de efectivos, crear más batallones de alta montaña, hacer una ofensiva de inteligencia que permita llegar a los cimientos de esos grupos que usan la violencia para obtener sus objetivos reales.
Pero si ello no se acompaña con acciones sociales, con apoyo financiero para las poblaciones más vulnerables que hoy están cooptadas por el crimen, si no se lleva el progreso que demandan, la guerra se perderá definitivamente. De ahí el llamado que desde Jamundí y desde la Gobernación del Valle se hace desde tiempo atrás para que el Gobierno Nacional, además de reforzar el pie de fuerza, asuma su responsabilidad de garantizar que el Estado llegue a donde se necesita y como se tiene qué hacer.
Jamundí al igual que el norte del Cauca no resisten más atentados terroristas, más tomas armadas a sus poblaciones, más amedrentamiento a las comunidades urbanas y rurales, más muertos, más heridos, más pérdidas materiales ni más miedo. El clamor es uno solo: ¡No más!
La Linterna Azul 