9 avril 2024 | COLOMBIAN NEWS

  1. Las FARC atacan al Ejército y a la Policía en la vía entre Cali y Popayán
  2. Usan “el poder del Estado para doblegar” las EPS: Fabio Aristizábal Ángel
  3. 600 mil hectáreas han sido ofrecidas por los ganaderos, pero el gobierno apenas ha comprado el 4%
  4. Las matemáticas no son una opinión
  5. Bárbaro lo que hizo el M-19 contra la embajada dominicana en Bogotá
  6. Nicolás Maduro promulga una ley «contra el fascismo» para encarcelar a sus opositores
  7. Venezuelan ex-general sentenced to over 21 years for helping Colombia’s FARC

Las FARC atacan al Ejército y a la Policía en la vía entre Cali y Popayán

El País, Cali
https://www.elpais.com.co/colombia/atencion-se-presentan-fuertes-enfrentamientos-entre-grupos-armados-en-la-via-panamericana-entre-cali-y-popayan-0834.html
9 de abril de 2024

En el momento se reporta un fuerte combate entre grupos armados en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, a la altura del municipio de Piendamó. Los vehículos se están devolviendo debido a los disparos. Los combates en el departamento del Cauca no paran, tan solo ayer, 7 de abril, se presentó un fuerte combate entre el Ejército y la columna Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, en Toribío. El director de Indepaz, Leonardo González, hizo una publicación que advierte que los combates se están desplazando hacia El Tierrero, en el resguardo de Huellas, municipio de Caloto. En esta zona confluyen los territorios indígenas de Tacueyó, Huellas, San Francisco y Jambaló.

Precisamente, el pasado 5 de abril, ya se había presentado un hostigamiento de grupos armados a la policía y población civil, en donde perdió la vida un uniformado de la fuerza pública. “Los compañeros estaban adelantando las respectivas tareas de verificación de antecedentes judiciales a vehículos y a personas, cuando fueron atacados por los alzados en armas”, indicaron policías que laboran en la zona. Este hostigamiento fue atribuido a integrantes de la disidencia Jaime Martínez de las Farc, la cual tiene ya una amplia presencia en las zonas rurales de los municipios del centro y el norte del departamento.

Después de estos terribles hechos de violencia, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información que ayude a dar con el paradero de los responsables del ataque. Estos ataques se suman a una serie de ataques en todo el país por los grupos subversivos, los cuales tienen en alerta roja a las autoridades. Una noche de angustia se vivió en el barrio Meléndez al sur de Cali, después de que unos artefactos explosivos improvisados fueran accionados en el exterior del cantón militar de la Tercera Brigada del Ejército. Este hecho fue ejecutado por las Farc que buscan atentar contra las casas fiscales que están ubicadas en la zona.


Usan “el poder del Estado para doblegar” las EPS: Fabio Aristizábal Ángel

El Colombiano, Medellín
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/usan-el-poder-del-estado-para-doblegar-las-eps-exsuperintendente-fabio-aristizabal-AP24186314
8 de abril de 2024

“Con estas medidas que está tomando el gobierno quieren capturar la plata de la salud. Ese es todo el cuento. Es una vergüenza lo que está viviendo hoy el país y me da dolor porque hoy deberíamos salir todos los colombianos masivamente a las calles a proteger nuestros sistemas de salud.”

Fabio Aristizábal Ángel habló sobre las decisiones que gobierno de Petro ha tomado en contra de la EPS Sanitas y Nueva EPS, así como de las posibles consecuencias que esas acciones podrían generar en el sistema de salud. Las aseguradoras Sanitas y Nueva EPS, fueron intervenidas por la Superintendencia de Salud. Dos días después, la EPS Compensar anunció su solicitud de liquidación total y voluntaria a la Supersalud, argumentando que con el escenario actual de crisis financiera es insostenible seguir en el aseguramiento en salud.

¿Qué debe tener en cuenta y cuál es el proceso para que la Supersalud intervenga una EPS?

El superintendente tiene capacidad de ir aplicando medidas poco a poco que le vayan permitiendo tomar una medida de fondo. Eso es lo técnico, eso es lo normal. Que haya un balance, que no haya desproporciones y que no haya discriminación para que el superintendente pueda dar un debido proceso a los vigilados, que van desde visitas, auditorías y hasta poner medidas de vigilancia. Todas esas pueden ser previas a una decisión de fondo, como es la de intervenir para administrar o intervenir para liquidar.

¿Cree que en el caso de Sanitas se cumplió el debido proceso para intervenir?

Yo creo que estaba utilizando el poder del Estado para doblegar a quienes vigilan. Ahora, lo que causa sospecha es que este mismo superintendente había tomado posturas en el pasado sobre las EPS. A él lo deberían haber recusado porque tomó partido. Lo hizo cuando fue de frente a perseguir a sus vigilados, cuando recién se posesionó casi que estaba fomentando la reforma y cuando no son funciones del superintendente estar promoviendo una reforma. Lo que está mostrando es que la entidad —pudiendo haber probado otras medidas de salvamento, mecanismos o medidas alternativas— tomó una medida de fondo, que en mi concepto es totalmente desproporcionada. Es precipitada, es discriminatoria y es irresponsable. Puede que la ley y el estatuto orgánico del sistema financiero le permita tomar una decisión, pero esa discrecionalidad no muestra una superintendencia equilibrada.

*La Asociación de Usuarios de Sanitas recusó al superintendente Leal, ¿cree que sirva para algo?

Todos los que se sientan afectados deberían hoy estar saliendo a defender la vida y la salud de todos los colombianos, porque aquí no están claros los conceptos técnicos, no están claras cuáles fueron las auditorías, las cifras, las actas, cuáles fueron las solicitudes previas y qué decían los funcionarios técnicos. Yo quisiera ver toda la trazabilidad que hay y los conceptos que había para tomar una decisión de fondo.

Partidarios del Gobierno están recordando que en su periodo frente a la Supersalud se liquidaron 14 EPS, ¿es comparable con lo que están haciendo ahora?

Es parte de la falta de estudio que tiene el ministro, el superintendente y algunos parlamentarios y funcionarios del Gobierno. El Gobierno anterior liquidó 14 EPS, pero cuánto tiempo duró la liquidación de esas 14 y cuánto tiempo estuvo la superintendencia revisando la actuación de cada una de esas EPS… Hubo visitas permanentes, auditorías, planes de recuperación, medidas cautelares, medidas de giro, contralores, tomas de posesión. Lo que debe hacer el Estado no es ponerse a administrar, sino cuando uno tiene opciones y el país cuenta con otras opciones, lo sensato y lo responsable es trasladar sus usuarios a otras EPS. Con estas medidas que está tomando el Gobierno quieren capturar la plata de la salud. Ese es todo el cuento.

¿Qué garantías tiene hoy una EPS en un gobierno parcializado, activista, político y mitómano persiguiéndolos? ¿Entonces qué esperar de las demás EPS?

Para que lo pongan en mayúsculas. Es un riesgo sistémico. Va a haber una falla del sistema general, van a haber muchas muertes y correrá mucha sangre en Colombia a causa de las decisiones que está tomando el Gobierno.

¿Cree que ahora la reforma a la salud viene por otro lado?

El presidente le dio la orden al superintendente de aplicar la reforma “con las EPS que ya tenemos bajo nuestro control”. Eso para mí es una aberración, porque el superintendente no administra, no controla, no dirige y no orienta.

Usted dijo ahora que lo que quiere el gobierno es el manejo de la plata de la salud, ¿para qué?

Si al superintendente Leal le parecían sospechosas las preguntas que le hacía la Procuraduría, sospecha está generando lo que están haciendo con estas intervenciones, porque es evidente que lo único que le está interesando al Gobierno es capturar y manejar la plata. No está buscando mejorar la salud, ni preocupado por mejorar la atención o la oportunidad, sino administrar la plata. Este Gobierno detesta las EPS y dice que son un negocio, ahora sale a decir que las va a salvar y que están interviniendo para salvarlas. Es una vergüenza lo que está viviendo hoy el país y me da dolor porque hoy deberíamos salir todos los colombianos masivamente a las calles a proteger nuestros sistemas de salud.

Entrevista completa: https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/usan-el-poder-del-estado-para-doblegar-las-eps-exsuperintendente-fabio-aristizabal-AP24186314


600 mil hectáreas han sido ofrecidas por los ganaderos, pero el Gobierno apenas ha comprado el 4%

Revista Contexto Ganadero, Bogotá
https://www.contextoganadero.com/politica/cerca-de-600-mil-hectareas-han-sido-ofrecidas-por-los-ganaderos-pero-el-gobierno-apenas-ha-comprado-el-4
4 de abril de 2024

Ganaderos de los departamentos de Arauca, Meta, Bolívar, Cesar y Vichada lideran la lista con la mayor oferta de hectáreas al Gobierno. Sin embargo, la compra de tierras a los ganaderos no ha avanzado con la celeridad o la eficacia que anunció el presidente Petro al inicio de su mandato. El compromiso de los ganaderos colombianos con la Reforma Agraria, impulsada por el Gobierno nacional, es evidente. Según datos proporcionados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hasta la fecha se han ofrecido un total de 592.876 hectáreas de tierra en el período comprendido entre 2022 y 2024.

Este esfuerzo conjunto busca contribuir al acuerdo entre el gobierno y Fedegán para la adquisición de 1,5 millones de hectáreas en todo el país, como parte de la Reforma Rural Integral, que inicialmente se había planteado la meta de adquirir 3 millones de hectáreas. (Lea en Contexto ganadero: Así se ha avanzado en el tema de tierras durante el primer año de gobierno)

Los departamentos que han liderado en la oferta de tierras son Arauca, Meta, Bolívar, Cesar y Vichada, lo que muestra una distribución geográfica significativa en la disposición de los ganaderos para cooperar con este importante proceso de transformación agraria, que suma hasta la fecha un total de 1.380 predios ofrecidos a través de Fedegán. Sin embargo, a pesar de esta voluntad manifestada por los ganaderos, los números muestran una brecha significativa entre las ofertas realizadas y las tierras efectivamente adquiridas por el gobierno. Según la Agencia Nacional de Tierras, hasta el 14 de marzo de este año se han comprado apenas 24.000 hectáreas de las 592.876 hectáreas ofrecidas, lo que representa tan solo el 4 % del total.

La Dirección de Adquisición de Tierras (DAT) reporta que hay cerca de 28.000 hectáreas en proceso de compra y más de 70.000 hectáreas consideradas viables pero que aún no han iniciado el proceso de adquisición. Estos datos reflejan un desafío en la implementación efectiva de la Reforma Agraria y destacan la necesidad de agilizar los procesos de compra y garantizar que las tierras ofertadas por los ganaderos se conviertan en una realidad que beneficie a la población rural del país.

Es fundamental recordar que las condiciones para la compra de tierras incluyen que sean terrenos fértiles, no inundados y que no estén sujetos a procesos de restitución de tierras, es decir, que no estén siendo reclamadas por víctimas de desplazamiento. Además, estas tierras deben ser adecuadas para el cultivo de alimentos, asegurando así su contribución al desarrollo agrícola y alimentario del país, por lo que Fedegán insta a los ganaderos que cumplen con las condiciones a ofrecer su tierra para la validación del Gobierno.

Para comprender mejor la distribución geográfica de las ofertas de tierras por parte de los ganaderos colombianos, presentamos un mapa interactivo que muestra el número de ofertas y su extensión en hectáreas de esas ofertas por departamento. Al ubicar el cursor sobre un departamento específico, se pueden visualizar estas dos cifras, lo que brinda una perspectiva detallada de la participación regional en este importante proceso de transformación rural.


Bárbaro lo que hizo el M-19 contra la embajada dominicana en Bogotá

Por François R. Cavard M.
8 de abril de 2024

Tan pronto se conoció la justificada acción del gobierno ecuatoriano de ingresar por la fuerza a una cloaca diplomática para capturar al evadido criminal de apellido Glas, de inmediato el aún impune criminal de lesa humanidad Gustavo Petro Urrego, ahora autoproclamado líder de la etnia cósmica y adalid de la vida, consideró este legítimo proceder de la institucionalidad ecuatoriana como una “acción bárbara”. Claro, cómo no le va a parecer bestial a este sujeto que, en Ecuador, a diferencia de lo que viene sucediendo en Colombia desde hace 45 años, sí se impongan y se hagan respetar la ley y la justicia contra los criminales de todo y cualquier pelambre, refúgiense donde se refugien.

Bárbaro por inaceptable y vergonzoso es que tras 44 años siga impune y tan solo hasta febrero del 2022 se haya denunciado penalmente y a nivel internacional el ataque terrorista y el secuestro colectivo de personal diplomático perpetrado por el m-19 a la embajada de República Dominicana en Bogotá el 27 de febrero de 1980.

No es un acto inhumano ingresar por la fuerza a una guarida diplomática y capturar a un fugitivo en un operativo limpio que tan sólo lastimó la falsa seguridad de los criminales de izquierda quienes hasta ese momento se creyeron intocables y por encima de la ley y de la justicia ecuatoriana. En cambio, bárbaro por cobarde y degenerado es que Petro Urrego y sus camaradas narcoterroristas del m-19 hayan cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra atacando un edificio internacionalmente protegido (la Embajada de República Dominicana en Bogotá) causado la muerte de un menor de edad, hiriendo a tres miembros de la Policía de Colombia, a un soldado del Ejército de Colombia, a un detective del DAS, y a los guardaespaldas de cuatro embajadores, y que hayan secuestrado a 56 personas, entre las cuales hubo mujeres y personal diplomático acreditado en Colombia (personas internacionalmente protegidas).

Afortunadamente, los días de la infame y desalmada impunidad de este Quasimodo interestelar están por terminar.


Nicolás Maduro promulga una ley «contra el fascismo» para encarcelar a sus opositores

Por Romain Delisle
IREF Europe, Paris
https://fr.irefeurope.org/publications/les-pendules-a-lheure/article/nicolas-maduro-edicte-une-loi-contre-le-fascisme-pour-embastiller-ses-opposants/
Traducido por Colombian News
7 de abril de 2024

El Parlamento venezolano aprobó un proyecto de ley «contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares» introduciendo penas de hasta doce años de prisión para quienes tengan la desgracia de contradecir uno de los últimos regímenes comunistas del mundo.

Si bien las elecciones presidenciales están previstas para el 28 de julio y Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez como presidente de la República, tiene la intención de presentarse nuevamente, el uso de esta expresión generalizada en el derecho penal permitirá influir en la campaña a su favor. En 2017, ante grandes manifestaciones que dejaron 125 muertos, el dictador ya había promulgado una ley que castigaba la «incitación al odio y a la intolerancia» con 20 años de prisión con la idea de amordazar a la oposición.

Sus principales oponentes fueron despedidos. A María Corina Machado se le impidió participar en la carrera por el cargo supremo, a pesar de su victoria en las primarias de la oposición. Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y ya candidato en 2006, está acusado de connivencia con el gobierno. Al candidato propuesto por la líder de la oposición, Corina Yoris, tampoco se le permitió presentarse.

Sin embargo, según una encuesta de Datincorp del 25 de febrero, los sentimientos hacia el sucesor de Hugo Chávez son inequívocos: el 23% de los venezolanos siente rabia, el 17% vergüenza, el 15% desprecio y el 21% «indiferencia». En el improbable caso de que la votación pudiera realizarse libremente, el 53% votaría por el candidato de la oposición, en comparación con el 14% por Nicolás Maduro. En Caracas como en La Habana, los regímenes comunistas están muy lejos de aflojar sus garras mientras la ineficacia de su política económica y la pobreza que de ella resulta siguen empeorando.


Venezuelan ex-general sentenced to over 21 years for helping Colombia’s FARC

By Luc Cohen
Thomson Reuters
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-ex-general-sentenced-over-21-years-helping-colombias-farc-2024-04-08/
April 8, 2024

NEW YORK.- A former Venezuelan general with close ties to the late leftist president Hugo Chavez was sentenced to 21-2/3 years in prison in the United States on Monday for supplying weapons to the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) rebel group.

Cliver Alcala, 62, pleaded guilty last June to two counts of providing material support to a terrorist group and illicit transfer of firearms. The United States considered FARC, which disbanded in 2016 as part of a historic peace deal with Colombia’s government, to be a terrorist group. U.S. District Judge Alvin Hellerstein handed down the sentence at a hearing in Manhattan federal court. Alcala is the first to be sentenced of five co-defendants of current Venezuelan president Nicolas Maduro, who was indicted on «narco-terrorism» charges in 2020. Maduro, a perennial U.S. foe and Chavez protege who has overseen an economic collapse in oil-producing Venezuela, denies the charges.

Federal prosecutors had proposed a 30-year sentence for Alcala. They argued that in addition to supplying FARC with military-grade weapons, Alcala received millions of dollars in bribes for protecting the group’s cocaine shipments from interference by Venezuela’s military. Defense lawyers urged Hellerstein to sentence Alcala, who has been detained in New York since his extradition from Colombia in 2020, to no more than six years.

They said Alcala was under Chavez’s command when he aided FARC, and that he denied any involvement in drug trafficking. Alcala had initially been charged with conspiring with the rebel group to ship cocaine, but did not admit to any drug-related charges as part of his final plea deal. Alcala’s lawyers urged Hellerstein to consider the former general’s split with Maduro’s government in 2013 and his role in organizing, from neighboring Colombia, an unsuccessful push to oust Maduro in 2020. Prosecutors said Alcala’s actions since 2013 did not justify leniency.