Bogotá, 10/04/2024 | Por Mauricio Trujillo Villegas

El país está conmocionado con el intento del gobierno de demoler el sistema de salud, que se ha construido a lo largo de 30 años. Aunque el Congreso de la República hundió la ley de la reforma, el peligro sigue latente, porque destruir el sistema de salud es una de las insensateces mayores que pretende hacer este gobierno.

Conozco como pocas personas el tema de la salud en Colombia, porque he trabajado en ese campo durante 30 años.

Fui vicepresidente de Colsánitas; después me encargaron la creación y fundación de Cruz Blanca y fui su presidente durante 8 años, cuando fue una de las mejores EPS del sistema, hasta que fue comprada y administrada por Saludcoop; después creé una empresa para auditar todas las cuentas médicas de la EPS Cafesalud, durante varios años; y por último, fui el fundador y primer gerente de Salud Capital.

En esta última empresa, que es una Asociación Público Privada que se creó en 2010 entre la alcaldía de Bogotá y la EPS Salud Total, para manejar la salud de Bogotá y la del departamento del Meta, viví la peor pesadilla de mi vida. Cuando Gustavo Petro llegó a la alcaldía de Bogotá en el año 2012, en su afán de convertir el servicio de salud en un sistema estatal, corrupto y politiquero, lo primero que hizo fue desconocer y violar los estatutos, ignorar la participación privada y tomarse la empresa por la fuerza, contra todas las normas legales.

Junto con su Secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y sus asesores Carolina Corcho y Aldo Cadena, el mismo cuarteto demoledor de ahora, se tomaron a las patadas la administración de Salud Capital para llevarla a la quiebra. Por pura politiquería, aumentaron la planta de funcionarios de 350 a 1.500, sin que creciera el número de usuarios, que eran poco más de 600.000. A pesar de ser una empresa recién creada estaba en el punto de equilibrio, pero a los pocos meses sus pasivos llegaron a más de 200.000 millones de esa época, que después se convirtieron en 500.000 millones.

Se salvó de la quiebra porque el alcalde siguiente, Enrique Peñalosa, le inyectó grandes sumas de dinero para que pudiera seguir funcionando. El caso es que esa tragedia que vivió Bogotá en esos años, ahora se repite en toda Colombia en proporciones mayores, pues los mismos cuatro protagonistas de la quiebra del sistema de salud de Bogotá en el año 2012, son los mismos que quieren llevar el sistema de salud de Colombia a su extinción. Ellos son: Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, Carolina Corcho y Aldo Cadena.

A pesar de haberse hundido el proyecto de reforma a la salud en el Congreso la semana pasada, eso poco les importa a estos siniestros personajes. Lo que han hecho hace pocos días, al intervenir a Sanitas y a la Nueva EPS, que suman 17 millones de usuarios, demuestra que quieren apoderarse a la brava y por la fuerza de la totalidad del sistema de salud del país, en contra de toda norma y reglamento jurídico.

La estrategia es simple y clara. Si el Estado no paga a las EPS las cuotas que le corresponden por cada uno de los afiliados al sistema de salud, naturalmente las EPS se quedan sin dinero y se quiebran. Además, las EPS deben asumir el costo exorbitante de los pacientes de alta complejidad, que son atendidos por mandato expreso de la Corte Constitucional, y después ese costo debe ser cobrado al Estado. Pero si este no paga, o paga con demora extrema, el capital de las EPS se esfuma y entran en proceso de quiebra.

Por último, el régimen subsidiado también es atendido por las EPS en igualdad de condiciones con el régimen contributivo, y esa factura también la debe pagar el Estado a las EPS.

En síntesis, si el Estado no paga las cuentas de esos tres segmentos del sistema de salud, es imposible que el sistema sobreviva. En consecuencia, la estrategia del gobierno es no pagar para que el sistema colapse, y cuando eso acontezca, entonces van a enviar a los usuarios en forma masiva hacia la Nueva EPS, que misteriosamente también acaba de ser intervenida, sin haber ninguna razón para ello.

La pregunta es: ¿por qué fue intervenida la Nueva EPS? Tan solo hace dos meses fue nombrado allí como gerente Aldo Cadena, que desde hace años es el hombre de confianza de Petro para demoler el sistema de salud.

Y la respuesta es muy sencilla. El gobierno no va a pagar lo que le debe a las EPS y las va a dejar morir. Y el dinero que les adeuda, que puede ser del orden de 5 billones de pesos, se usará para capitalizar a la Nueva EPS, para que tenga los suficientes recursos para atender la totalidad de los usuarios del sistema de salud. Es decir, para recibir a los millones de usuarios de las próximas EPS que se van a quebrar.

Con esa jugada maestra se tornará una realidad lo que Petro ha venido anunciando desde antes de ser presidente, en el sentido de que las EPS se derrumbarán como un castillo de naipes. Entonces, la Nueva EPS absorberá a todos los usuarios, de tal forma que toda la salud de Colombia pasará a manos del Estado. Así, el presidente y sus compinches se burlarán del Congreso de la República, de la Corte Constitucional, de la Procuraduría y del Consejo de Estado, porque habrán conseguido implementar la reforma a la salud evadiendo su aprobación en el Congreso y burlando el orden constitucional.

La impondrán por medio de decretos, por órdenes perentorias del dictador, sin cumplir ningún requisito legal. Y las consecuencias de este desafortunado asalto, que no es diferente a un golpe de Estado contra uno de los pilares de la nación, como lo es la salud de 50 millones de colombianos, habrá pasado a las manos socialistas del Estado sin necesidad de reforma legislativa alguna.

¿Cuáles serán las consecuencias de semejante arbitrariedad? Nadie lo sabe con exactitud. Pero con seguridad que la salud privada será expropiada y aniquilada; muchos médicos serán reemplazados por brujos y chamanes cubanos, que serán pagados a precio de oro, pero el dinero será para el régimen comunista de la isla.

En realidad, esos falsos médicos son espías y agitadores sociales, que harán parte del régimen de vigilancia política con la finalidad de informar quiénes no están de acuerdo con el régimen.

Finalmente, ante la mezquindad marxista, la gente se morirá en las calles clamando por atención médica. Y no habrá médicos, ni medicinas, ni servicio de enfermería, ni atención especializada para nadie, lo que hará la gran diferencia entre vivir o morir.