19/05/2024 | Por Thierry Ways | El Tiempo

La peregrina idea de denunciar a su propio Estado simboliza el ánimo divisivo del Gobierno.

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Cada ocho días un nuevo galimatías. Esta semana fue la propuesta de ir a las Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo con las Farc. Solo que, en dicho caso, el denunciante sería el propio representante de ese Estado: el presidente Petro, quien, según el artículo 115 de la Constitución, cumple las funciones de “Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Es decir que el mandatario estaría denunciando a la entidad que él mismo representa y dirige: una paradoja digna de Zenón. O del meme del Hombre Araña que señala al Hombre Araña.

Pero no nos dejemos distraer. Sí, cada semana el Presidente lanza alguna idea peregrina. Pero todas son la misma idea en el fondo. Todas buscan lo mismo: saltarse las cortapisas de la Constitución para gobernar a su antojo.

Al comienzo, cuando parecía que el Congreso aprobaría sus reformas, el Presidente hablaba de un “gran acuerdo nacional”. Luego, cuando el Congreso se la puso más difícil, pidió que la ciudadanía saliera a las calles. Pero la calle no respondió. Entonces anunció una asamblea constituyente, a pesar de que había jurado no hacerla. Cuando le recordaron que el Congreso tendría que aprobar la asamblea, dijo que no era una asamblea, sino un “proceso” constituyente, cuyos contornos nunca ha explicado bien. También dijo que no había que fijarse tanto en “la forma”, sino en el “contenido” de las reformas, pese a que las formas son ni más ni menos que las reglas del juego. Luego habló, ya no de una asamblea/proceso constituyente, sino de un referendo. Y dijo también que “si la mayoría del Congreso no quiere, la Constitución sí quiere, el Gobierno sí quiere y el pueblo de Colombia sí quiere”, como si el Gobierno, es decir, él, fuera equivalente al pueblo y, por consiguiente, estuviera por encima del Congreso. Traducción: “El Estado soy yo”, como dijo Luis XIV.

La más reciente ocurrencia apunta a lo mismo: “Si nos tumban las reformas, toca ir a las Naciones Unidas”. En otras palabras, buscar algún tipo de aval o apoyo internacional que propicie lo que no ha logrado a través de mecanismos institucionales.

Es irónico, por cierto, que el Presidente apele tanto al poder popular o “poder constituyente” como recurso para implementar el acuerdo de paz. Pues, si de poder popular se trata, no hay que olvidar que ese acuerdo fue objeto de un plebiscito, en el que el pueblo —que Petro tanto invoca— lo rechazó.

Pero Petro define “paz” de manera deliberadamente amplia, para desnaturalizar el término y ponerlo al servicio de su proyecto. En esto no nos podemos equivocar: en jerga petrista, “paz” no significa, como podría significar para cualquiera de nosotros, el fin de la violencia armada o “silencio de los fusiles”. Para Petro, “paz” es un concepto que encierra su visión particular de “justicia social”, es decir, el paquete de reformas de su gobierno. Por eso, no nos sorprenda que la negociación con el Eln se convierta también en un caballo de Troya para reintroducir los proyectos rechazados por el Legislativo.

No debemos dejar de insistir en que la mayoría de estos mecanismos, como el de recurrir al pueblo movilizado para cambiar la Constitución, sencillamente no existen en nuestro ordenamiento jurídico. Son ocurrencias, no más. Mal haríamos en permitir que, centímetro a centímetro, empujón a empujón, transgresión a transgresión, Petro se vaya saliendo con la suya.

Un Presidente denunciando a su propio Estado. Un Presidente ondeando la bandera de un grupo armado, el M-19, que se alzó contra ese Estado. Dos imágenes que ilustran tenebrosamente el verbo predilecto del Gobierno: dividir. Y “una casa dividida contra sí misma”, dijo sabiamente Lincoln, inspirándose en el Evangelio, no puede permanecer en pie.