22/05/2024 | La Silla Vacía | Por Edgar Quintero Herrera
La crisis del sistema de salud de los profesores está confirmando los peores temores que se han expresado sobre el sistema de salud que el presidente Gustavo Petro quiere implementar en su reforma. “Es el ejemplo de la salud que quiere el presidente”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la entrada en vigor del nuevo régimen para más de 800 mil profesores en el país. Tres semanas después de su entrada en vigor, el 1 de mayo, el piloto de Jaramillo tiene a sus afiliados sin rutas claras para ser atendidos ni proveedores de medicamentos.
Los temores que han expresado los expertos y la oposición sobre la reforma tocarían a cerca de 50 millones de afiliados a las EPS. Entre ellos, la falta de responsabilidades claras para los actores del sistema, los incentivos al clientelismo y la corrupción, y el temor a una transición caótica que desborde el gasto público y se pague en vidas. “Nos están llevando a un paseo de la muerte producto de la improvisación”, le dijo a La Silla Victoria Avendaño, del comité ejecutivo de Fecode, la única que votó en contra de la entrada en vigor del sistema.
La crisis llega justo cuando el gobierno intenta generar consensos para presentar una nueva reforma a la salud la próxima legislatura, con el oxígeno que le dio el acuerdo con las EPS. La imagen, ahora, es la de un ministro que se lava las manos por los problemas de la salud de los profesores y señala a un funcionario desconocido y cuestionado, Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, la entidad que maneja el Fomag, un millonario fondo con el que se paga la salud de los maestros.
Un sistema sin responsabilidades ni capacidades
Una de las principales críticas en contra del modelo del gobierno es su falta de responsabilidades claras para los actores del sistema. En la reforma consensuada con las EPS, el defecto sigue presente. Muchas de sus principales tareas, como la construcción de redes de clínicas y hospitales, o la gestión del riesgo en salud, sigue repartida entre varias entidades, con el peligro de que al final nadie responda por ellas.
Por esa razón, la ruta del paciente en la reforma tampoco es clara. Es decir, con el actual proyecto siguen siendo confusos los pasos de un paciente para pedir una cita con un especialista, reclamar un medicamento o interponer una queja por un mal servicio.
La crisis del sistema de salud de los profesores está mostrando los efectos de esa falta de responsabilidad.
En unos audios revelados por La FM, el ministro Jaramillo y el presidente de la Fiduprevisora, Marín, están discutiendo por la contratación de IPS como proveedores de medicamentos para el sistema. Mientras Marín se niega a buscar a las IPS para que sean proveedores, Jaramillo lo presiona para que lo haga. Según Marín, la orden de no contratar con las IPS vino directamente del Presidente. “Es un momento de emergencia (…) Después hacemos lo que dice el presidente”, dice el ministro en los audios para convencerlo.
Esa falta de claridad sobre elementos esenciales del sistema, como la provisión de medicamentos, tiene efectos concretos sobre las personas.
En Valledupar, la profesora jubilada Mavis del Portillo, de 64 años, lleva desde el 1 de mayo sin recibir medicamentos para las múltiples enfermedades que padece. Entre ellas, hipertensión, artrosis y diabetes. La profesora, a quien le cobran de su pensión para aportar al sistema, cuenta que la semana pasada, luego de una reunión entre el magisterio y la Fiduprevisora, les informaron que iban a poder reclamar sus medicamentos en las droguerías Éticos y la Fe.
“Me acerqué y me dijeron que no estaban contratados, ni tenían información sobre los maestros. Tampoco personal para atendernos”, cuenta del Portillo, quien trabajó durante 32 años como profesora en colegios públicos. “No hay un palo que nos dé una sombra para el tema de nuestra salud”.
El ministro Jaramillo tampoco ha asumido ninguna responsabilidad por la crisis. El martes, durante un debate de control político en el Senado, duró cerca de una hora señalando culpables. Entre ellos, los medios de comunicación, los antiguos operadores del sistema de salud de los profesores y, sobre todo, Marín y su equipo en la Fiduprevisora.
El principal argumento de Jaramillo es que Marín no quiso aplicar en detalle el nuevo modelo que el gobierno y Fecode consensuaron. Incluso dijo que al interior de la Fiduprevisora no se sintió escuchado, y que funcionarios de la entidad intentaron torpedear su trabajo todo el tiempo. “Me siento frustrado”, dijo Jaramillo en la Comisión Sexta del Senado, en donde también eximió de toda responsabilidad al presidente Petro.
Pero los cuestionamientos de la Fiduprevisora como principal gestor del sistema eran ventiladas al interior del alto gobierno. “Es una entidad llena de intereses políticos oscuros. No tiene información robusta sobre los maestros ni herramientas para evitar gastos inmensos dentro del sistema”, le dijo a La Silla Vacía un alto funcionario del Ministerio de Educación, una cartera que tiene asiento en el Fomag, quien pidió la reserva de su nombre por no ser su vocero.
Los incentivos a la corrupción y el clientelismo
Otra de las grandes críticas al modelo de salud de Petro es que degenere en un sistema corrupto y clientelar. Sobre todo por la creación de figuras como las direcciones departamentales y distritales de salud, que pueden ser cooptadas por políticos locales, y el poder que siguen manteniendo alcaldes y gobernadores para elegir a dedo a los directores de los hospitales públicos y las Empresas Sociales del Estado.
Los cuestionamientos a Marín, presidente de la Fiduprevisora, agitan esa crítica. Según Vorágine, el abogado, nombrado por el gobierno en abril del 2023, llegó al cargo impulsado por Saray Robayo y Wilmer Carrillo, congresistas del partido de La U. Marín, además, está salpicado en el escándalo de pago de coimas que tiene en juicio en la Corte Suprema al senador de La U, Antonio Correa Jiménez.
De hecho, el ministro Jaramillo argumentó en la Comisión Sexta que Marín es corrupto. Dijo que nombró en las direcciones territoriales del nuevo sistema a sus “amigos”, cuotas de los antiguos operadores del sistema, que estaba favoreciendo a las IPS vinculadas con esos operadores, y que su modelo de contratación era similar al que impulsó mientras estuvo al frente del Fondo de Previsión Social de Ferrocarriles de Colombia, de donde salió con investigaciones de la Procuraduría.
Pero los ruidos de corrupción de la Fiduprevisora y su manejo del Fomag eran conocidos. De hecho, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, intentó crear otra institución en el Plan Nacional de Desarrollo para que manejara la plata del fondo del magisterio, e incluso el presidente Petro denunció públicamente la corrupción al interior del fondo.
“El gran cambio del modelo es tener un empleado que maneja mal las finanzas de su empresa y ascenderlo para que ahora, además, maneje el inventario, el talento humano y el área comercial”, dice el exviceministro de Educación, Hernando Bayona. “La Fiduprevisora no tiene las capacidades técnicas ni humanas para ser el centro de un sistema tan complejo”.
La desesperación de los pacientes en el sistema de profesores está derivando en pequeños casos de clientelismo.
El 30 de abril, la sobrina del profesor César Manjarréz tenía una cirugía programada en Valledupar para retirarle una masa en la pelvis, al parecer maligna. Ese día, justamente, fue el último del antiguo modelo del magisterio y la Red Integrada Foscal-CUB, que atiende a los profesores en la capital del Cesar, canceló la cirugía porque el convenio con el Fomag terminó.
Para ayudar a su sobrina, quien también es docente del Estado, cuenta Manjarréz que acudió a sus contactos en el Comité Ejecutivo de Fecode para que le ayudaran a reprogramar la cirugía a través de Fiduprevisora. “Me ayudaron. La reprogramaron para el 28 de mayo. Pero no es justo que uno tenga que andar buscando o molestando”, dice Manjarréz, quien tiene 58 años, es hipertenso y ha tenido que sacar de su bolsillo para comprar las pastillas que le controlan la presión arterial.
Una transición caótica y un gasto desbordado
“Hoy hay más de 26 millones de colombianos en EPS intervenidas y podrían ser más si no acordamos una transición pacífica y ordenada”, le dijo a El Tiempo Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, luego del acuerdo que lograron con el gobierno para presentar una reforma a la salud concertada.
Uno de los grandes temores del sistema de salud de Petro es que su transición sea desordenada. Y el de los profesores lo está siendo.
En la intervención de Marín ante el Senado aceptó que el modelo arrancó sin tener bases de datos sólidas sobre los maestros para atenderlos, tampoco contaban con una red de proveedores de medicamentos que atendiera sus demandas, e incluso señaló que los antiguos operadores del sistema les estaban poniendo trabas para tener acceso las historias clínicas de los pacientes.
“Hasta ahora estamos construyendo las capacidades para tener las historias clínicas. Pero no podemos pretender que el 30 de abril se apague algo en la noche y al otro día amanezcamos con una historia clínica que sea interoperable”, dijo Marín ante el Senado. “Es un sistema en construcción, pero de mejora continua”.
Luego, en su intervención, Jaramillo señaló que los contratos que la Fiduprevisora está pagando para la atención primaria de profesores son muy caros, y ponen en riesgo la plata para pagar procedimientos más complejos, como enfermedades huérfanas o tratamientos de cáncer. El comentario de Jaramillo agita uno de los temores más grandes del nuevo sistema de salud: el gasto desbordado, ahora sin las EPS gestionando el riesgo financiero.
Para explicar ese problema, Jaramillo volvió a escudarse con el argumento de que el modelo diseñado no está siendo aplicado por la Fiduprevisora. Mientras tanto, en el modelo real, cientos de miles de profesores en Colombia están sin salud.
La Linterna Azul 