25/05/2024 | El Colombiano | Por Camilo Acosta Villada

La asociación señaló ocho puntos del proyecto de ley estatutaria que cursa su tercero de ocho debates en el Senado.

Description: El Gobierno impulsa dos reformas sobre educación: la estatutaria y la que reforma la Ley 30. FOTO ARCHIVO
El Gobierno impulsa dos reformas sobre educación: la estatutaria y la que reforma la Ley 30. FOTO ARCHIVO

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) se pronunció esta semana sobre el proyecto de Ley Estatutaria de Educación que impulsa el Gobierno y que en ese momento es debatido en el Senado.

Al respecto, la ASCUN criticó que si bien se hicieron algunas audiencias públicas y conversaciones con ciertos actores del sector para construir y socializar la reforma, “nos preocupa que el proceso de escucha no fue efectivo durante los debates en la Cámara”.

“Aunque se proporcionaron algunos espacios para la participación, las propuestas y preocupaciones del sector no fueron tomadas en cuenta en el proyecto, lo que indica que el ejercicio de participación ciudadana no fue genuino”, señaló un comunicado de prensa de la Asociación.

Entre tanto, sobre el contenido de la reforma plantearon ocho reparos, que para la ASCUN representan vacíos, que deben ser abordados en el Senado con el fin de “que esta ley responda a las expectativas de la sociedad, de los sectores económicos y productivos, de los jóvenes y niños y de todos los colombianos que estamos esperando un instrumento de transformación de la educación del país”.

En primer lugar, señalan que el artículo 2 define la educación como bien común, lo cual abre “paso a posteriores interpretaciones nocivas del papel del Estado y de los gobiernos” y que esa definición “desconoce lo previsto en el artículo 67 de la Constitución”.

Segundo, plantean que limitar “el alcance del proyecto de ley solo a la educación formal es regresivo”, puesto que “excluye todas las demás vías de educación y formación que el país ha creado desde hace más de 18 años, como son la educación para el trabajo y las cualificaciones”.

En tercer lugar, señalan que el artículo 4 “no reconoce explícitamente que nuestro sistema educativo es mixto” y que no es suficiente “mencionar a las instituciones estatales y no estatales (privadas) como parte de un sistema”. Sobre esto, indicaron que “dejar toda la carga de la educación solo a las instituciones estatales puede terminar desbordándolas, haciendo que se pierdan las capacidades que se han construido en Colombia”.

Por otro lado, manifestaron su preocupación por que “se privilegie el acceso a la educación frente a la calidad de la misma”. Al respecto, explicaron que el proyecto “plantea la calidad como un principio orientador y muy débilmente dentro del núcleo esencial del derecho”. Y plantearon que el hecho de que los estudiantes ingresen a instituciones que “no les puedan asegurar calidad significa que no hay una garantía real, porque solo se les está cumpliendo parcialmente su derecho a la educación”.

Como quinto punto expresan que dos literales de los artículos 5 y 12 plantean restringir “los procesos de participación democrática y debilitar la autonomía universitaria, al prohibir la democracia representativa en las comunidades académicas, con el riesgo de permitir la interferencia de los poderes políticos en la gobernanza de las IES (instituciones de educación superior)”.

En sexto lugar, criticaron que se plantee “la eliminación del mérito en el sistema educativo”, ante lo que sugirieron que se reconozca un “equilibrio entre meritocracia y acciones afirmativas”.

De igual manera, sostuvieron que la ley estatutaria “carece de estudios del impacto fiscal que implica la progresividad de su aplicación” y fueron enfáticos en que decir que no requiere análisis de impacto fiscal “dado que no ordena un gasto adicional” es reflejo de una “inquietud del sector educativo sobre la falta de novedad en la iniciativa”.

Y finalmente, indicaron que si bien el proyecto establece la gratuidad total en las instituciones estatales, no se sabe “cómo se va a garantizar la sostenibilidad y la calidad en estas” y que excluyen “a las instituciones privadas de cualquier consideración”. En el mismo sentido, dice la ASCUN que promueve “la financiación de la oferta, en lugar de una financiación integral de oferta y demanda, lo que podría dejar fuera a más de un millón de estudiantes que optan por la educación no estatal”.

El comunicado de prensa finaliza con el llamado para que en sus debates legislativos la ley quede precisa “en sus conceptos y no debe abarcar principalmente asuntos que podrían ser regulados por leyes ordinarias”.