Medellín, 18/01/2024 | Por Jorge Ríos, sargento de reserva del Ejército de Colombia | COLOMBIAN NEWS

El artículo 220 de la Constitución Nacional reza: “Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley.”

Recordemos que el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, modelo de valores y virtudes, fue el comandante militar que lideró la retoma del Palacio de Justicia tras el ataque terrorista del M-19 que asesinó y quemó vivas a 117 personas en noviembre de 1985, cuando el narcotráfico le pagó a los terroristas dos millones de dólares para que quemaran los expedientes donde se tramitaba la extradición de éstos. En dicha operación, donde el Estado hizo uso legítimo de la fuerza, fueron rescatadas más de 260 personas. Once miembros de la fuerza pública fueron asesinados y 30 quedaron heridos.

Durante la década de los 50, la URSS, buscando expandir el comunismo por el mundo, contaminó con guerrillas toda Latinoamérica para que éstas tomaran el poder por el terror y las armas. En Colombia crearon entre otras, a las FARC de línea marxista-leninista, las cuales fueron plagando todo el territorio nacional incluyendo las zonas urbanas. Sus jefes venían algunos de la Juventud Comunista Colombiana JUCO. Para el caso bogotano tenían a personas como Jaime Bateman Cayón, Carlos Pizarro (progenitor de la congresista María José Pizarro) e Iván Marino Ospina (progenitor del pasado alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina), quienes embelesados con la riqueza y el poder que producía el terror, el secuestro y la extorsión decidieron «volarse» de las FARC y montar su propio grupo criminal, el procastrista M-19.

Los delincuentes del M-19 robaron la espada de Bolívar buscando renombre político. Después secuestraron, torturaron y asesinaron al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), José Raquel Mercado. Posteriormente, asesinaron al presidente del sindicato de Acerías Paz del Río en Sogamoso, Rafael Bayona, para controlar la dirección de ese sindicato, como lo confirmó, ante la Comisión de la Verdad, un exmilitante del ELN. Lo más espeluznante de esa criminalidad fueron las “cárceles del pueblo”, que eran huecos en la tierra de tres metros de profundidad. Ahí arrojaban a sus secuestrados por días o meses para que se pudrieran hasta que las familias lograran pagar el rescate. Gustavo Petro fue cabecilla de esa organización, bajo el alias de “comandante Aureliano”. Terroristas arrepentidos cuentan que Petro defecaba en el respiradero de esos huecos, como si fuera una letrina, para humillar aún más a sus víctimas. Por ello sus camaradas lo bautizaron “comandante cacas”.

Bajo el asedio de las guerrillas comunistas, las destrucciones de poblados enteros, el desplazamiento de los campesinos, la toma de rehenes, los secuestros y las desapariciones eran diarias. A ese infierno se le sumó el narcotráfico. El presidente Belisario Betancourt decretó en 1984 el estado de sitio, una medida prevista por la Constitución de 1886, vigente en esa época, destinada a proteger el Estado y la sociedad ante situaciones particularmente graves. Algo como lo decretado por el gobierno de Ecuador recientemente.

En ese contexto y, en concordancia con el decreto 1056 de 1984, la justicia libró una orden de captura contra Gustavo Petro Urrego. Este fue detenido el 25 de octubre de 1985 dentro de un túnel cavado en una casa del barrio Bolívar 83, de Zipaquirá. La orden de captura fue firmada por el entonces coronel Jesús Armando Arias Cabrales. Petro fue condenado por el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar. Él había violado el primer artículo del decreto 1056, que señalaba: “El que sin permiso de autoridad competente fabrique, almacene, distribuya, venda, transporte, suministre, adquiera, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en arresto de uno a dos años y en el decomiso de dichos elementos”. Con un agravante, Petro fue capturado con otras ocho personas y su condena, según el artículo 5 del mismo decreto, se duplicó.

El General Arias Cabrales, en estricto apego a la Constitución y al juramento sagrado de defender a los colombianos, venció en franca lid a los terroristas en todas las ocasiones. Esa es la razón del odio, la persecución y la venganza de Petro contra el General Arias Cabrales.

El otro problema es la indiferencia de la sociedad frente a los ataques contra quienes han dado todo por defenderla. Las reservas estamos obligados a seguir defendiendo esta Patria no solo con la espada, sino también con la pluma y la palabra. Al General Arias Cabrales le expreso mi respeto, admiración y solidaridad, a él y a nuestro Ejército Nacional. Mi General, tenga la plena seguridad de que, por sus sacrificios, Dios, la Patria y la historia lo reconocerá. Ruego al Todopoderoso guarde su salud y le pido extender este saludo a su familia.