25/01/2024 | El Colombiano | Por Nelson Ricardo Matta Colorado
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría reportó que los grupos armados ilegales y las bandas se expandieron entre 2022 y 2023, lo que coincide con la implementación de la política de “paz total”.
La violencia que durante el último año ha sacudido a muchas poblaciones colombianas tiene una ineludible explicación: la imparable expansión de los grupos armados ilegales y las bandas de crimen organizado, que entre 2022 y 2023 extendieron sus tentáculos a otros 293 municipios, lo que implica un crecimiento del 36% en su presencia territorial.
Esta es una de las conclusiones que se extraen del monitoreo que hace el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a las dinámicas de estos grupos. Según la entidad, la organización que más se expandió fue el Clan del Golfo, que pasó de fustigar a los pobladores de 253 municipios en 2022, a 392 en 2023.
Este cartel narcotraficante ya tiene incidencia en 24 de los 32 departamentos del país.
De acuerdo con datos de la Policía, el sur de Chocó, el Norte de Antioquia y el sur de Bolívar son las regiones en las que más se ha notado ese proceso de expansión, donde choca contra las guerrillas, provocando desplazamientos y confinamientos forzados.
Al revisar el comportamiento histórico del Clan del Golfo, salta a la vista una particularidad: luego de la captura de su máximo líder, el cartel incrementa su presencia territorial. Así pasó cuando detuvieron a Daniel Rendón (“don Mario”) en 2009, y el grupo se extendió a la Costa Pacífica y Llanos Orientales; y cuando cayó Dairo Úsuga (“Otoniel”) en 2021, la facción incrementó sus redes en Bogotá y el Magdalena Medio.
Las dos disidencias de las Farc también aumentaron su dominio. En el último año pasaron de delinquir en 230 poblaciones a 299.
De ellas, la más grande en la actualidad es el Estado Mayor Central (EMC), cuyos frentes inciden en 19 departamentos, mientras que la Segunda Marquetalia lo hace en 15.
Guaviare, Meta, Caquetá y Cauca son los departamentos en los que su expansión ha sido más virulenta, enfrentándose entre sí, contra las FF.MM. y otras estructuras.
Su evolución implicó la creación de nuevos frentes de guerra en este periodo de tiempo. Tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, el EMC revivió al frente 4, que opera en los municipios de El Bagre, Nechí, Zaragoza, Segovia y Cantagallo (sur de Bolívar); y también al frente 58, en límites de Urabá y Córdoba.
La Segunda Marquetalia instaló el frente 1° Armando Ríos Marquetalia Bolivariano (Guaviare), el frente 53 Édison Romaña (subregión del Sumapaz) y el frente 12 (Puerto Wilches y Barrancabermeja), y formó una alianza con la agrupación Comandos de Frontera, en Putumayo.
El ELN, por su parte, pasó de delinquir en 189 municipios a 231, repartidos en 19 departamentos.
El Sistema de Alertas Tempranas no mide la injerencia de estas organizaciones más allá de las fronteras, pero por información militar se conoce que tienen células en crecimiento en Ecuador (provincias de Esmeraldas y Sucumbíos), Panamá (Darién), Perú (Loreto) y Venezuela (Zulia, Táchira, Mérida, Barinas y Apure).
El análisis de la agencia pública incluye a las bandas de crimen organizado, que en 2022 incidían en 141 municipios y ahora están 184, ubicados en 22 departamentos.
De esas bandas, las cuales carecen de fachada política, pero ejercen control territorial armado en sus dominios, las más reconocidas son “la Oficina” y “el Mesa” (Antioquia); “los Flacos”, “la Inmaculada”, “Espartanos” y “Shottas” (Valle del Cauca); “la Cordillera” (Eje Cafetero”); “los Mexicanos”, “los Palmeños” y “los Locos Yam” (Chocó); “los Pachenca” (Magdalena); “los Costeños”, “los Pepes” y “los Rastrojos Costeños” (Atlántico).
¿Por qué esta expansión?
El proceso de crecimiento de los grupos armados no solo implica un mayor peligro para las comunidades. También demuestra que estas organizaciones aumentaron el reclutamiento ilegal de integrantes, para poder cubrir los nuevos territorios adquiridos.
Refleja, de igual manera, que su poder económico se ha multiplicado, pues incursionar en más poblados requiere medios de transporte, redes logísticas, más armamento, material de intendencia y capital para invertir en sobornos a funcionarios locales.
Esta suerte de bonanza criminal coincide con la política de “paz total” que implementó el gobierno de Gustavo Petro, la cual busca mitigar la violencia mediante el diálogo.
Durante sus 18 meses de mandato, ha sostenido una mesa de paz con el ELN y diálogos sociojurídicos con el EMC, las bandas del Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura; así como acercamientos con la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas) y “los Pachenca” (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).
Por el momento hay ceses al fuego bilaterales con el ELN y el EMC, y compromisos de reducción de violencia por parte de las bandas sentadas en las mesas, que han reducido el índice de homicidios en algunos lugares complejos, como el Catatumbo y Arauca.
Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto colateral. La operatividad de la Policía y las Fuerzas Militares se redujo, según las quejas frecuentes de la Fiscalía, para no poner en riesgo dichos procesos de paz.
A esto se suma un viraje en la política de seguridad, que ya no privilegia las operaciones contra los capos y objetivos de alto valor estratégico, como hacía desde los años 80.
Durante el actual Gobierno solo se ha autorizado un ataque contra uno de esos objetivos, Allende Perilla Sandoval, cabecilla de la Segunda Marquetalia en el Pacífico Sur y uno de sus más importantes narcotraficantes.
La operación fue el pasado 31 de diciembre en Roberto Payán (Nariño), donde se produjo un enfrentamiento con su anillo de seguridad. La comunidad intervino, instigada por los disidentes, y en medio de una asonada se llevaron a Perilla, aparentemente herido.
El Ejército creyó que lo había dado de baja y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo confirmó en redes sociales. Todo resultó falso, pues el narco sobrevivió y dio la cara en un video la semana pasada.
Al no existir esa contención de parte del Estado, los grupos armados extendieron sus redes, buscando captar nuevos mercados y rentas ilegales de extorsión, narcotráfico, tierras y minería, entre otros. Eso lo han hecho de manera simultánea con sus supuestos deseos de paz.
Carlos Builes, magíster en Estudios Políticos y docente de la Escuela Superior de Administración Pública, comentó que “el microtráfico generalizado en todos los municipios de Colombia va de la mano del aumento de los grupos ilegales, se ha convertido en una fuente muy importante de empleabilidad, dinero rápido y dominio de territorios”.
Frente al panorama, opinó que “hay un vacío en el Ministerio de Defensa. El ministro (Velásquez) no responde, no da la talla al campo tan amplio e importante que es la defensa, la seguridad, convivencia y la paz en Colombia”.
El académico expresó que a la expansión de los grupos armados y bandas les ha servido una cultura de ilegalidad que impera en los territorios. Tales organizaciones “han visto que pueden hacer negocios en todas las áreas de la economía, amparados por esa cultura. Esto es algo que le corresponde enfrentar al Estado, que no alcanza a competir contra grupos que ofrecen empleo, justicia, pactos de no agresión y otros servicios ilícitos”.
Alertas desatendidas
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se quejó porque, a su juicio, las autoridades no están respondiendo de forma expedita a las Alertas Tempranas que emite la entidad.
Estas se basan en denuncias de las comunidades y verificaciones realizadas en el terreno por parte de los funcionarios de la Defensoría; incluyen mapas, contextos históricos, antecedentes y una descripción de los grupos que amenazan a la población.
Una vez expedidas, se entregan a las autoridades locales y a las agencias de seguridad, como la Policía, el Ejército, la Armada, Fuerza Aeroespacial, Fiscalía, CTI y Ministerio de Defensa.
Allí no termina el monitoreo, ya que el sistema realiza informes de seguimiento, para ver cómo va evolucionando la amenaza.
No obstante, la respuesta de las autoridades competentes a estas alertas ha sido lenta, desestimada y, en muchos casos, inútil. Según un reporte de la Defensoría, “de 205 informes de seguimiento emitidos, solo en el 1% se ha podido concluir que el escenario de riesgo fue mitigado. En el 65% de los casos, el escenario ha tendido a agravarse, y en el 32%, el riesgo aún se mantiene”.
En palabras de Camargo, “hacemos un llamado a las entidades del Gobierno Nacional para que den respuesta de manera preventiva y proactiva al aumento de las conductas vulneratorias de derechos humanos de los grupos armados al margen de la ley, y recuperen, con el concurso de las Fuerzas Militares y de Policía, la seguridad en todo el territorio, aspecto que también contribuye a la consolidación de la paz”.
Recalcó que esa paz que busca la Casa de Nariño con los grupos armados tiene que tener unas condiciones claras, “porque en un cese al fuego bilateral no se les puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano y sigan combatiendo, como ha venido ocurriendo. Los grupos armados le están haciendo pistola al Gobierno y al anhelo de paz de los colombianos”.
La Linterna Azul 
LA UNICA FORMA DE CONSEGUIR LA PAZ EN COLOMBIA NO ES CON LAS ARMAS SINO POR MEDIO DE LA EDUCACION VOLVAMOS A LA CATEDRA DE ETICA Y VALORES EN ES
CUELAS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
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