4/03/2024

Ley de punto final | Presidente de la JEP aclara si la “amnistía total” es viable para las Farc

27/02/2024 | Redacción Vicky en Semana

En Vicky en Semana, el magistrado Roberto Vidal le respondió a quienes dicen que el acuerdo con las Farc está en peligro.

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Roberto Vidal, presidente de la JEP. | Foto: Colprensa

En una reciente entrevista con SEMANA, los seis excomandantes más importantes de la extinta guerrilla de las Farc advirtieron que lo pactado con el gobierno en el acuerdo de paz podría romperse. Según manifestaron, la responsabilidad recae sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A propósito de dichas declaraciones, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, participó en el espacio de Vicky en Semana y respondió a quienes señalan al mecanismo de justicia transicional de haberse descarrilado. Además, se refirió a una de las propuestas hechas por los ex Farc: una ley de punto final.

En primer lugar, el magistrado Vidal precisó que a la JEP no le corresponde el diseño de la arquitectura institucional de la paz, de manera que la discusión tendrá que ser asumida por las autoridades competentes, Gobierno y Congreso de la República.

“Nosotros les hemos dicho es que estamos a disposición para mostrar nuestra experiencia (…). Estos tribunales tienen su origen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Antes del Estatuto de Roma de la década del 2000, las partes que hacían negociaciones políticas después de los acuerdos hacían acuerdos entre ellos sin atender el derecho de las víctimas. Por eso se solucionaban con amnistías, y es el lenguaje que vuelve a introducir —de manera desafortunada— las Farc, con la ley de punto final”, explicó Vidal.

El presidente de la JEP profundizó en que las leyes de punto final se utilizaron especialmente en el Cono Sur, en Argentina y Chile. Además, indicó que consisten en “hacer grandes amnistías en que a todo el mundo se le perdonan todos los crímenes y se pasa la página”.

De hecho, el magistrado Vidal anotó que este tipo de acuerdos ya se hicieron en Colombia y citó como ejemplos aquellos que se firmaron con el Frente Nacional y el M-19, antes de la constituyente.

Eran acuerdos que se solucionaban simplemente con amnistías, que es a lo que pareciera que aspiran las Farc, pero después del Estatuto de Roma —y por fortuna para los derechos de las víctimas—, eso ya no es posible. Por eso es que en Colombia existieron primero los tribunales de justicia y paz en la justicia ordinaria, que tuvieron que juzgar a miembros de los grupos paramilitares. Y después, como resultado del acuerdo con las Farc, la JEP, que tiene la obligación de juzgar ahora a las antiguas Farc, a los militares, a terceros y a funcionarios de Estado”, expuso.

Para el magistrado Vidal, la opción de un tribunal que concede una amnistía y en la que a nadie se le juzga por los graves crímenes configura una idea que ya no tiene lugar en el derecho internacional ni una posibilidad jurídica, aunque se anuncie políticamente.

“Es injusto afirmar que somos la causa”

En la entrevista con SEMANA, los excomandantes de las Farc fueron enfáticos en asegurar que el acuerdo está en peligro por culpa de la JEP. Es más, aseguraron que, por esta situación, los firmantes se están saliendo del mismo y, en algunos casos, retornando a la criminalidad.

En su respuesta, el presidente de la JEP expresó que en los acuerdos de paz se creó una “institucionalidad muy fuerte en Colombia”. En esa línea, hizo mención de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda a Personas dadas por Desaparecidas y, por supuesto, la Jurisdicción Especial para la paz.

“La JEP es uno de los pilares institucionales de la garantía de la vigencia del acuerdo (…). Es completamente injusto con la JEP afirmar que nosotros somos la causa de la deserción de las personas y la causa de que se vinculen nuevamente a los Ejércitos”, apostilló Vidal en el espacio de Vicky en Semana.


Ley de punto final es inaplicable en Colombia: Álvaro Uribe

3/03/2024 | El Nuevo Siglo | Redacción Web

El expresidente propone una amnistía política y no penal en el país, en medio de su preocupación sobre impunidad y seguridad en el proceso de paz.

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Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe/ Foto: Catalina Olaya – ENS

El expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, emitió su perspectiva sobre la viabilidad de aplicar la Ley de Punto Final en Colombia. En el detallado comunicado, no solo tocó este tema, sino que también abordó lo que él considera como una serie de desafíos relacionados con el proceso de paz en el país.

Estos incluyen preocupaciones sobre grupos insurgentes como el Eln y las disidencias de las Farc, el crecimiento del narcotráfico, así como temas específicos como la situación de Mancuso, Macaco, Jorge 40, los militares y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En sus declaraciones, Uribe expresa su preocupación por el intento de paz con el Eln, destacando dos problemas potenciales: «la destrucción que quieran hacer al modelo democrático y el espejo de impunidad absoluta otorgada a las Farc». Esta reflexión subraya la importancia de abordar los desafíos de seguridad nacional sin comprometer los principios fundamentales de la democracia y la justicia.

Además, el líder político critica el precedente negativo que implica negociar con las disidencias de las Farc, señalando que este proceso se opone al «pésimo precedente de renegociar con quienes desertaron del beneficio de la impunidad absoluta». Esta postura resalta la necesidad de mantener la coherencia en los acuerdos de paz y no ceder ante presiones que podrían socavar la legitimidad del proceso.

En cuanto al tratamiento otorgado a los excombatientes de las Farc, Uribe cuestiona la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que «para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia». Esta crítica pone de relieve la importancia de garantizar una justicia equitativa y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos.

El ex presidente también aborda el tema del narcotráfico, señalando que «aceptadas las exigencias de las Farc, creció exponencialmente», lo que destaca la necesidad de abordar este flagelo de manera integral y evitar que los procesos de paz se conviertan en indultos para criminales. Esto refleja su preocupación por el aumento de poder de los grupos narcoterroristas en diferentes regiones del país.

Uribe también expresa su descontento con la equiparación injusta de las Fuerzas Armadas con los grupos terroristas durante el proceso de paz, afirmando que «nuestros heroicos soldados fueron igualados a terroristas». Esta afirmación subraya la importancia de reconocer y valorar el papel de las fuerzas militares en la defensa de la democracia y la seguridad nacional.

En relación con personajes como Mancuso, Macaco y Jorge 40, Uribe emite comentarios críticos sobre la situación y las decisiones tomadas en relación con su participación en el proceso de paz y su eventual reincorporación a la sociedad. El expresidente señala: «Nadie discute que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea», destacando la complejidad y las diferencias de opiniones en torno a este tema sensible.

Finalmente, el ex presidente Uribe hace hincapié en la inaplicabilidad de la Ley de Punto Final en Colombia, proponiendo en su lugar «una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados». Esta propuesta refleja su compromiso con la justicia y la reconciliación en el país, buscando alternativas que eviten la impunidad absoluta y promuevan la inclusión política de todos los sectores de la sociedad.