14/03/2024 | Por Juan José Gómez

Para probar mi aserto, simplemente voy a enumerar los pasos que ha dado el individuo que hoy nos gobierna, encaminados a consolidar un poder omnímodo en su persona:

  • Cuando se posesionó hizo una “barrida” casi total de generales del Ejército y de la Policía, de los más experimentados y de probada fidelidad a la Patria antes que a un funcionario transitorio, buscando que los nuevos mandos le debieran su cargo a él y, por consiguiente abrigaran sentimientos de lealtad a quien los había encumbrado.
  • Se rodeó inicialmente de un gabinete heterogéneo, en los que desde luego primaban los incondicionales, pero admitiendo a unos pocos técnicos de reconocida trayectoria, de los cuales se deshizo a la primera oportunidad y gradualmente ha movido sus fichas al punto actual en el que solo tiene a activistas de su ideología de los que obtiene una fidelidad canina, así no posean las condiciones intelectuales y técnicas para desempeñar con solvencia sus responsabilidades misionales.
  • Obtuvo a base de “mermelada” una reforma tributaria en cuantía superior a la que en el gobierno de su antecesor había suscitado un grave desorden público, ocasión en la cual hizo su debut una peligrosa banda de delincuentes bautizada como “la primera línea” que casi destruye las más importantes ciudades colombianas, en las cuales Cali llevó la peor parte. Esa banda, se dijo en diversos ámbitos nacionales, que era fiel solo al candidato perdedor en la elección presidencial anterior y que estaba financiada y orientada por algún alfil suyo.
  • Le envió a las cámaras del poder legislativo un Plan de Desarrollo en el cual se contemplaban una serie de facultades extraordinarias (leyes habilitantes que dicen en Venezuela) concedidas al presidente de la República para remplazar al Congreso en muchos aspectos normativos de fundamental importancia para la nación, con lo cual dio a conocer sus ambiciones intensas de poder y también su predilección por el estatismo, es decir, por la tesis comunista-leninista según la cual solo el Estado debe tener el supremo poder en la vida institucional y particular de los moradores de un país, lo que de entrada acaba con los derechos y libertades individuales propios de la Democracia y aniquila la iniciativa privada y la misma libertad, especialmente cuando sucede como en este caso, en que es manifiesta la intención de confundir al Estado con el individuo, o en otras palabras, como en aquella famosa declaración del rey francés Luis XIV afirmando que “el estado soy yo”. Afortunadamente el Congreso, aunque le concedió algunas de sus peticiones, le negó las principales
  • Presentó a la consideración del Congreso varias reformas, sobre temas que ciertamente necesitaban algunas modificaciones (Salud, Pensiones, Trabajo, Educación, etc.) pero no de la índole y de la magnitud e inconveniencia de las que idearon sus obsecuentes colaboradores, una de ellas decididamente perjudicial para los colombianos en materia de la salud, que desconocía los notables e internacionalmente reconocidos avances logrados en ese campo y regresaban a los ciudadanos a las miserables condiciones de la época en que el llamado Seguro Social atendía — y de muy mala manera— a solo un 22% de la población colombiana. Afortunadamente ocho senadores de diferentes partidos comprobaron los perjudiciales efectos de esa reforma, especialmente su negativa a construir sobre lo construido y a no contar con ninguna financiación certificada, y votaron mayoritariamente una ponencia que recomendaba archivar el proyecto, lo que se espera ocurrirá sin dudar por parte de unos senadores (no todos) responsables y patriotas.

Es de advertir que según conceptos de varios analistas y politólogos, el propósito escondido del gobierno con dichas reformas, era apoderarse de las gigantescas cantidades de dinero propias de cada una de las materias a reformar, para poder repartirlos entre la población a efectos de comprar opinión pública favorable y votos que permitieran a representantes caracterizados de la ideología cripto-comunista mantenerse en poder en las próximas elecciones, o mediante cualquier “jugadita” que le haga el quite a la Constitución, al mismo mandatario actual, cuya sed de poder no es ningún secreto.

  • No ha tenido ningún freno institucional, ni conceptual ni de elemental decencia en insultar públicamente a muchos colombianos —hombres y mujeres— que no comulgamos con su ideología marxista ni con su desacertada forma de concebir el gobierno, cubriéndonos con adjetivos muy ofensivos e inaceptables en un servidor público. Este indigno tratamiento se ha hecho aún más violento cuando se refiere a periodistas y a respetables empresas de comunicaciones que con toda legitimidad han informado sus desaciertos y fracasos en materia de buen gobierno.
  • Se ha permitido lanzar amenazas contra congresistas y jefes políticos que no le son adictos y pretende hacer competencia a una prensa libre por la acción de medios estatales financiados con dinero público, cuyo principal objetivo es alabarlo y aplaudir sus desaciertos y sus discursos improvisados.
  • Ha ejecutado una política internacional desastrosa, no consultada con el organismo asesor previsto por las leyes colombianas, malquistándose con países y jefes de Estado tradicionalmente amigos de Colombia, por lo cual ha puesto en la picota pública el prestigio de nuestro país, que actualmente es mirado mal por otros estados y lo que es peor, sometiéndose con sus enrevesados planteamientos y sus absurdas teorías, a la burla y al ludibrio de muchos extranjeros.
  • Se ha convertido en amigo y aliado de desvergonzados tiranos o de mandatarios desprestigiados de otros países, como Maduro de Venezuela, Díaz-Canel de Cuba, AMLO de México, Sánchez de España y algunos otros, con lo cual ha conseguido que Colombia sea mirada con recelo y desafecto por parte de dirigentes de países respetables de América y otros continentes. Lo anterior, sin contar su sospechosa política interna de “paz total” con grupos terroristas y narcotraficantes, que hasta ahora no ha dado los resultados apetecidos
  • Tiene en proyecto — y posiblemente en ejecución— crear, pagar y poner a su servicio colectivos paramilitares (indígenas, delincuentes en potencia, vagos y personas necesitadas como negritudes o campesinos sin tierra), a fin de usarlos como lo hizo Chávez y lo ha hecho Maduro en Venezuela, empleándolos como medios de asustar y dominar a la ciudadanía inerme (ya que sabe que los militares honorables y patriotas no lo seguirán), llegando al increíble extremo de usar fondos públicos para “pagar por no matar”.

Son algunas más las acciones, omisiones, jugaditas y manifestaciones claramente indicativas de que no gusta de la Democracia informada, ni de la separación de poderes, ni de los medios de comunicación analistas y críticos, ni de un Poder Judicial independiente y actuante, ni de un congreso insumiso, ni de instituciones constitucionales que vigilan, controlan y sancionan; ni tampoco de una Constitución Nacional limitante que establece un sistema de pesos y contrapesos que garantizan el equilibrio del poder y el correcto uso de este en la búsqueda y el logro armónico del Bien Común, por lo cual, demostrado como está que Petro quiere ser amo y señor de Colombia, lo que nunca jamás se le podrá permitir, la única solución lógica parece ser que él y su fórmula se retiren del ejercicio del poder, pero no por un golpe de estado duro o blando, sino por la aplicación rigurosa de la Constitución Nacional, en la actual circunstancia política mediante la acción legítima, honorable, correcta y secuenciada de dos instituciones nacionales: el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la H. Cámara de Representantes de la República de Colombia, como se verá en la próxima columna.