26/03/2024 | Por Martín Alonso Pinzón

Al revisar la historia constitucional de Colombia en los siglos XIX, XX y en la cuarta parte transcurrida del siglo XXI, la primera conclusión que se obtiene es la existencia de una gran inestabilidad constitucional. Los dirigentes políticos colombianos acolitados por algunos jusconstitucionalistas, al igual que los de varios países latinoamericanos, han sido inclinados a creer que los múltiples problemas sociales, económicos y de gobernanza se resuelven con las reformas constitucionales.

Esta manía reformista pareciera no ser únicamente un síndrome de ingenuidad política originada en un exceso de fe en la eficacia de la letra legal promulgada e impresa, sino también una estrategia para tratar de superar crisis y anunciar cambios sociales con desconocimiento de una evidencia empírica elemental consistente en que si aquella letra y espíritu de las normas constitucionales no se cumplen, es imposible obtener en la vida real los efectos y soluciones que se procuran con las reformas.

Además, los cambios y derechos sociales y económicos consignados en la Constitución y sus reformas exigen para su cumplimiento recursos que el Estado no tiene o si los hay resultan notoriamente insuficientes. Si como anotan algunos autores se cumplieran las normas constitucionales en su integridad, el impacto institucional y real sería enorme.

En nuestro convulsionado siglo XIX, antes de la Constitución más estable, la de 1886, la de Núñez y Caro, la cual con sus reformas existió hasta 1991, Colombia tuvo siete constituciones nacionales y durante el régimen federal, con su inestabilidad institucional, las regiones o Estados federales se dieron más de treinta constituciones.

La actual Constitución vigente, la de 1991, ha tenido 45 reformas. Pero han sido muchos más los intentos fallidos de reformarla. La fecundidad de la imaginación e ingeniería constitucionales de los colombianos ha producido casi 700 iniciativas constitucionales en las últimas décadas. Y esta proliferación maniática del reformismo constitucional ha sido acompañada por la abundancia de nuevas y antiguas leyes, gran parte de ellas incumplidas por la falta de recursos o interés de los gobiernos y por una máxima conocida entre las chicanas del foro: hecha la ley, hecha la trampa. Tres juristas y académicos extranjeros son autores de un interesante libro titulado “La Ley y la Trampa en América Latina”, editado por Siglo XXI, editores en Buenos Aires.

Contrasta nuestra historia constitucional con la de Estados Unidos, donde rige la Constitución con sus enmiendas aprobada por la Convención de Filadelfia en 1787. La Ley Fundamental o Constitución de Alemania aprobada en 1949 con sus reformas tiene 75 años de vigencia. Suiza desde 1291 ha tenido tres Constituciones, Canadá 2 desde 1867. El Reino Unido no tiene una Constitución codificada o escrita. Y la Constitución de España 1978 solo ha tenido tres reformas constitucionales.

No debe sorprendernos, por tanto, la propuesta del Presidente Petro sobre convocar una nueva Constituyente. Es parte de su estrategia para presentar unas normas constitucionales y legales sobre sus reformas sociales e intentar paliar con esa letra legal su incapacidad de gestión y la inusitada ineptitud para el buen gobierno. Si su propuesta busca además perpetuar el actual régimen está muy equivocado, porque la mayoría de los colombianos no permitirán tal funesto desaguisado constitucional y político.