19/05/2024 | Por Mauricio Botero Caicedo | El Espectador

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Hace 35 años se publicó en El Tiempo una visionaria columna, “Impunidad”. Lamentablemente, las advertencias de su autor, Kerensky, no fueron tenidas en cuenta por una nación de pobre y selectiva memoria. Repasando los presagios de Douglas Botero Boshell, considero pertinente publicar los principales apartes de ese escrito de 1989:

“Pero en Colombia, país único, hemos inventado un curioso sistema jurídico. Nuestras leyes castigan a quienes matan, secuestran, extorsionan o roban, salvo que estos delitos sean cometidos por bandas de asesinos que, al grito de ‘queremos la paz’, manifiestan que son exclusivamente políticos sus actos atroces. Y cuando el delito se califica de político, el Código Penal queda sin vigencia y debe entablarse un diálogo entre los delincuentes y el Gobierno. Y este diálogo no tiene sino un objetivo, que es el indulto o la amnistía, es decir, la impunidad. Esta suspensión de las leyes penales le ha traído funestas consecuencias al país.

En tiempos del Gobierno de Belisario Betancur también hubo diálogos y acuerdos de paz con las FARC y el M-19, con sus obvias consecuencias de perdón y olvido. Empero, el perdón solamente debe otorgarse al pecador arrepentido que quiere enmendarse y vanos son los acuerdos hechos con falsarios que jamás honran la palabra empeñada, porque solo quieren apoderarse del Estado. Las únicas consecuencias de las conversaciones de paz de Betancur con las FARC y el M-19 fueron que las primeras triplicaron de 16 a 48 sus frentes de combate y el segundo reincidió ferozmente en sus fechorías”.

“Como lo han puesto de presente muchos comentaristas, el M-19 está integrado por delincuentes habituales. Estos criminales iniciaron su carrera con el secuestro, la tortura y el posterior asesinato de José Raquel Mercado, presidente de una confederación obrera. Después, violando todas las normas del derecho de gentes, secuestraron en la Embajada de la República Dominicana a embajadores que fueron, además, torturados por amedrentamiento. Posteriormente, los secuestradores salieron del país previo el pago de un pingüe rescate. El M-19 culminó su carrera de crímenes cuando, en compañía del narcotráfico, asaltó el Palacio de Justicia y cumplió sus amenazas de desolación y muerte eliminando a decenas de personas inocentes que se hallaban en ese recinto”.

“Con el proyecto de indulto al M-19 se quiere imponer ahora un novedoso escarnio al pueblo colombiano, porque a los delincuentes de ese movimiento no solo se les perdona, sino que se les premia otorgándoles un número aún indeterminado de curules en el Congreso.

Seamos claros. Con las manos entrelazadas, la guerrilla y el narcotráfico pretenden estrangular la república y sus instituciones democráticas. Y si se acepta la propuesta de diálogo con los narcotraficantes, o si se premia a la guerrilla con el indulto por crímenes atroces, o si se les regalan inmerecidas curules en el Congreso, estamos coadyuvando a la disolución de Colombia”.

Final del formulario

Apostilla. En 1989 no era tan claro quién había financiado la toma del Palacio de Justicia. Solo en 2009, 20 años después, el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia reveló que el narcotraficante Pablo Escobar le financió al M-19 la violenta toma guerrillera del Palacio y le entregó a Iván Marino Ospina, además de armas para poder adelantar el magnicidio, dos millones de dólares con órdenes precisas de incendiar la parte del edificio donde se encontraban los expedientes.