11/03/2024 | El Colombiano | Editorial

Si la caída de las utilidades fue de $14,3 billones es porque a Ecopetrol le tocó girar al Estado, en 2023, $15,6 billones más de los habituales. Estamos ante un Estado cada día más glotón.

Los resultados de Ecopetrol el año pasado, que mostraron una caída de las utilidades de 42,9% con respecto a 2022, no implican necesariamente un “desplome” de la compañía ni se deben atribuir a una mala gestión de la administración actual. Pero sí dejan al descubierto problemas que pueden convertirse en estructurales y preocupan.

Esa disminución de utilidades se explica, en parte, por la caída del 20% en los precios del petróleo, algo que se sale de las manos de la gerencia de la empresa; pero también se explica por la decisión del gobierno de Gustavo Petro de ordeñar a Ecopetrol hasta la última gota. Mientras que en 2022, Ecopetrol le entregó al Estado 42,4 billones de pesos, en 2023 le tuvo que girar 58 billones de pesos, según las cuentas hechas por el columnista Aurelio Suárez, producto, entre otras, de la reforma tributaria de Ocampo y Petro.

Eso significa que si la caída de las utilidades fue de 14,3 billones de pesos es porque a Ecopetrol le tocó girar al Estado, en 2023, 15,6 billones de pesos más de los habituales (por regalías, impuestos y dividendos). En otras palabras, la estrepitosa caída de las utilidades se debe a que estamos ante un Estado cada día más glotón.

Como lo ha mostrado en otros frentes, el presidente Gustavo Petro quiere a toda costa acumular recursos para gastarlos a su libre albedrío, entre otras cosas, aumentando la burocracia, facilitándoles a ciertos funcionarios el derroche e intentando dar mayores subsidios, cosa que por ahora no ha logrado.

A costa, lamentablemente, de frenar el impulso de Ecopetrol en materia de inversión para seguir creciendo en beneficio de todos los colombianos. Si el gobierno sigue en el ánimo de exprimir hasta la última gota a la empresa le puede ocurrir como el cuento de la gallina de los huevos de oro.

No son pocas las variables que nublan el futuro de la empresa insignia de los colombianos, y casi todas han sido inducidas por el Gobierno Nacional.

Una muestra de esto es lo que ha sucedido con el precio de la acción. Dado que la empresa se cotiza libremente en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), refleja las expectativas futuras de miles de inversionistas respecto a la empresa. El panorama no luce favorable: desde la elección del presidente Petro, el precio de la acción de Ecopetrol en la BVC ha descendido en más de un 30%. Esta situación se agrava al compararla con el desempeño de otras petroleras estatales como Petrobras de Brasil: allí también fue elegido un presidente de izquierda y la empresa está expuesta a los mismos factores externos globales, y a pesar de todo, en el mismo período, se ha valorizado en más del 30%.

¿Por qué las expectativas frente al futuro de Ecopetrol son malas? Porque en un hecho que tal vez pase a la historia como uno de los más absurdos de gobierno alguno, Petro, quien ostenta el cargo más alto en la República de Colombia, el socio mayoritario y controlador de Ecopetrol, está abiertamente buscando poner fin a la actividad económica principal de la compañía que representa la mayoría de las exportaciones del país.

Mientras Colombia, que contribuye con menos del 0,5% de las emisiones globales de carbono, ha optado por “hacer campaña” para persuadir al resto del mundo de abandonar el consumo de combustibles fósiles y ha manifestado en repetidas ocasiones que Ecopetrol no firmará nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, países como Brasil están acelerando su transición hacia fuentes de energía más limpias apalancados en los ingresos del petróleo. La política social y ambiental de Lula no va en contra de los hidrocarburos, sino que, por el contrario, pasa por ellos, repercutiendo positivamente en el precio de la acción de Petrobras.

Los problemas no terminan ahí: también surgen serios cuestionamientos sobre la influencia del presidente en el gobierno corporativo de la petrolera estatal. No solo impuso a Ricardo Roa como presidente de la compañía, sin llenar los requisitos técnicos y de experiencia adecuados para el cargo, sino que además, desde el principio, el nombramiento estaba envuelto en un riesgo evidente que ahora se está haciendo realidad: como exgerente de la campaña presidencial de Petro, se enfrenta a investigaciones y deberá responder por cualquier irregularidad en la financiación de la campaña, que según los procesos que se han abierto, bien enredada parece estar.

Y ahora, como la cereza del pastel, surge un nuevo capítulo en torno a la elección de la junta directiva de Ecopetrol, en la cual el Gobierno Nacional ha optado por nominar activistas como Edwin Palma o Ángela María Robledo en lugar de personas que reúnan las condiciones idóneas para ocupar un cargo de tal envergadura. La intromisión ha sido tan evidente que la mayoría de los miembros actuales de la junta directiva, casi todos nombrados durante este gobierno y simpatizantes del presidente, han rechazado en dos ocasiones las propuestas de estos candidatos que no cumplen con los requisitos.

De todas maneras, dicho sea de paso, también es alentador corroborar que el sólido manejo que traía Ecopetrol desde administraciones anteriores ha permitido que, a pesar de la fluctuación de precios, los resultados operativos sean positivos: en 2023, Ecopetrol produjo más hidrocarburos y productos refinados que en 2022.

Los resultados son lo menos preocupante que está ocurriendo en Ecopetrol: lo verdaderamente preocupante son las decisiones que está tomando su principal accionista con respecto a ella.