29/03/2024 | El Colombiano

Para José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, la decisión de tumbar sus resoluciones no tendría asidero jurídico.

Description: El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, había adjudicado el contrato de pasaportes en febrero pasado. FOTOS: COLPRENSA Y CORTESÍA
El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, había adjudicado el contrato de pasaportes en febrero pasado. FOTOS: COLPRENSA Y CORTESÍA

El exsecretario general de la CancilleríaJosé Antonio Salazar, se pronunció este viernes luego de que el Gobierno Nacional decidiera tumbar las resoluciones con las que un mes atrás se había adjudicado el polémico contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.

Sosteniendo que por mucho menos el excanciller Álvaro Leyva fue suspendido de su cargo, el exfuncionario aseveró que el actual canciller Gilberto Murillo estaría incurriendo en una falta aún más grave, a pesar de las afirmaciones insistentes de esa dependencia de que dicho proceso estaría amparado en la ley.

“Están pretendiendo enlodar mi nombre y crear vicios donde no existen, con el único propósito de deshacer lo que está bien hecho, es un propósito deliberado”, aseveró Salazar en una entrevista con la Revista Semana, en la que se refirió en profundidad a la polémica.

Según argumentó el exsecretario, el principal problema de la decisión tomada por la Cancillería este jueves radicaría en que, en su decisión de entregar al contrato a Thomas Greg & Sons se habría respetado estrictamente el debido proceso.

“Inicialmente la doctora Marta Lucía Zamora, que era la directora de la Agencia Jurídica del Estado, conceptuó que había que conciliar y adjudicar el contrato, por eso tuvo que renunciar; después designaron al consejero Gustavo Gómez Aranguren y él indicó expresamente que quería consultar al Consejo de Estado y se haría la recomendación que de allí obtuviera, y lo desnombraron por ese motivo, pero con el argumento de que tenía más de 70 años. Ahora el que me está denunciando es un subalterno de Zamora, que encargaron con esa única finalidad, de que cambiara los conceptos y presentara las denuncias penales”, expresó Salazar a ese medio.

En sus declaraciones, el exsecretario insistió en que con esas movidas se podría ocasionar un detrimento patrimonial y planteó que la única explicación posible para reversar las resoluciones sería la de seguir las instrucciones del alto gobierno, que más allá de la filigrana jurídica, estaría volcado a tumbar el contrato contra viento y marea.

“Yo estoy absolutamente seguro de que lo que se hizo está jurídicamente bien, está bien soportado y recibo permanentes llamadas de muchos abogados de los más prestigiosos y conocedores de la contratación estatal, que me dicen que están de acuerdo conmigo”, reiteró.

“El canciller Leyva está suspendido porque declaró desierta la licitación y ahora el canciller Murillo no solo pretende volver al tema de declaratoria desierta, sino que comete una falta más grave en desacatamiento de lo expuesto. El canciller Leyva fue suspendido por mucho menos”, añadió.

Cabe recordar que la decisión de revertir dicha adjudicación se produjo este jueves 28 de marzo y fue informada por la Cancillería a través de un comunicado.

“Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior secretario general de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal. Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”, escribió la entidad, aludiendo a las resoluciones emitidas el 26 de febrero pasado.

“El servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado. La empresa que atiende el servicio actualmente reiteró, por escrito, que cumplirá el contrato 356, hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempos”, añadió esa cartera.

Pese a ese parte de tranquilidad, una duda que surge en el marco de ese proceso se vincula a los estrechos tiempos con los que cuenta el Gobierno Nacional para sacar adelante una licitación sin que se ponga el riesgo la prestación del servicio o termine escogiéndose un contratista que no de la talla.